Objetivamente, ¿por qué darle el SI a una nueva Ley de Moratoria para la creación de universidades?

Ninguna autoridad del sector educación ha sabido explicar por qué no es conveniente crear más universidades públicas. Se desconoce el número, tipo (de investigación o profesionalizantes), la ubicación en el territorio nacional, además de otros aspectos como el perfil de los egresados que requiere el mercado laboral, de las tasas de deserción, repitencia, etc.

Tampoco contamos con un ranking oficial de universidades nacionales o con un censo universitario (el último se realizó en el 2011) que ayude a tomar decisiones sobre la base de información tangible y no de suposiciones o prejuicios, que priman en el debate actual.

Un caso que permite comprender, y hasta cierto punto anticipar los resultados de un posible incremento de universidades públicas, es el desempeño de las universidades públicas con ley de creación (ULC) en implementación. Al 2018 existen 9 ULC, es decir universidades sin autorización de funcionamiento otorgada por Conafu y que, por lo tanto, no cuentan con autonomía universitaria. Estas universidades son gestionadas bajo la supervisión del Viceministerio de Gestión Pedagógica y la Dirección General Superior Universitaria (DIGESU) del Minedu, quienes convocan y eligen a los responsables de implementar las universidades.

En el 2017, de los S/. 4,687 millones que recibieron las 48 universidades, S/. 128 millones (2.7%) se presupuestaron para implementar las 7 que aún cuentan con ley de creación, de acuerdo al cuadro adjunto. [1] El presupuesto se vio incrementado en el segundo semestre del año debido a la inclusión de la UN Autónoma de Tayacaja Daniel Hernandez Morillo (Huancavelica) y la UN Ciro Alegría (La Libertad), que recibieron S/. 2.6 y S/. 63.1 millones, respectivamente.

1ero2018

Las ULC muestran bajos niveles de ejecución presupuestaria por toda fuente. En promedio ejecutaron solo el 26.3% de su presupuesto, muy por debajo del promedio nacional (81.7%), y se explica principalmente por la baja ejecución de la UN Ciro Alegría – La Libertad – (1%) y la UN Intercultural de Quillabamba – Cusco – (34%). Casualmente ambas financian sus presupuestos a través del Canon (99% y 90% respectivamente). La primera estableció en julio del 2017 su primera Comisión Organizadora (CO) por lo que su incorporación al presupuesto es reciente.

Solo una ULC fue licenciada por la Sunedu en el 2017.  A la entrada en vigencia del Modelo de Licenciamiento en noviembre de 2015, la única universidad que ha logrado el Licenciamiento fueron la UN Autónoma de Huanta (Ayacucho). Esta universidad, que cuenta con 30 alumnos y está ubicada a una hora de la UN San Cristóbal de Huamanga (Ayacucho), mostró un bajo nivel de ejecución presupuestal en el 2017 (43.7%), lo que evidencia una lenta ejecución del Proyecto Institucional Universitario aprobado por el Minedu.

Por otro lado, la UN Intercultural De La Selva Central Juan Santos Atahualpa (Junín), que cuenta con tres filiales (Satipo, La Merced y Pichanaki) y es financiada en un 44% con los recursos del canon, mostró una ejecución presupuestal del 64%. Es la única ULC que ha pasado a la etapa de verificación presencial del procedimiento de Licenciamiento lo que indicaría que tiene altas probabilidades de ser la tercera universidad licenciada de este grupo. Del resto, 3 universidades están en la fase de revisión documentaria (Ciro Algría, Tarma y Tayacaja), 2 han recibido observaciones a su expediente (UN Quillabamba y UN Fabiola Salazar).[2]

El proceso de constitución de las ULC toma más tiempo que el esperado de acuerdo al marco normativo previo de la Conafu (5 años).  Las CO que implementan las ULC son afligidas por las mismas debilidades del sector público a nivel central y regional: inadecuada burocracia, falta de incentivos y meritocracia, instrumentos de gestión, recursos humanos, entre otros.

Estas 7 universidades fueron creadas entre el 2010 y el 2011 y la falta de cuadros gerenciales y académicos hace que sus proyectos educativos no tomen la forma que se requiere para alcanzar el Licenciamiento. Asimismo, llevan 6 años promedio en implementación y no logran desarrollar un proyecto educativo acorde con la normativa vigente. Recién con la creación de la DIGESU en el 2015, el sector brindó limitada asistencia técnica a las CO con el fin de agilizar sus procesos, actividad que la gestión del Ministro Vexler debería continuar y fortalecer.

Cercanía territorial con otras universidades públicas. En un artículo anterior se expuso sobre el poco criterio que tiene el Congreso para aprobar la creación de universidades públicas, muchas de ellas a escasa distancia de otras universidades, o sobre la  base de filiales de otras universidades públicas.  

Por ejemplo, la ley de creación de U.N. Intercultural de Quillabamba (UNIQ) determina que su sede se establece sobre la filial de la U.N. San Antonio de Abad del Cusco (UNSAAC), transfiriéndose incluso el personal docente, administrativo y la infraestructura. La pregunta que se planteaba en el citado artículo fue ¿era necesario crear una nueva universidad, en lugar de mantener una filial de la UNSAAC fortalecida? Desde el punto de vista técnico posiblemente la respuesta es no.

Este es el caso de la UN Autónoma de Huanta, que estando a una hora de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, fue licenciada por la Sunedu en parte por la presión política que se ejerció ante los organismos responsables del tema. Por otro lado, en enero del 2018, se presentó un proyecto de ley para la creación de la Universidad Nacional Tecnológica de Chincha, sin un análisis de costo beneficio o estudio de oferta que la Ley Universitaria exige.

En este contexto, llama la atención que el Minedu no haya sentado posición técnica sobre la problemática de la creación de universidades públicas. Analizando la baja ejecución presupuestal y la débil gestión de este grupo de universidades podemos concluir que el Estado ha demostrado no ser un buen promotor de la educación universitaria. De no aprobarse una nueva ley de moratoria confirmaría que los intereses políticos siguen primando para crear universidades públicas aun cuando el presupuesto y la capacidad de gestión son limitados. Sigue leyendo

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La agenda pendiente en educación superior

Desde el 2006, con la creación del Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace), el Perú asumió su firme compromiso de mejorar la calidad de la educación superior. En adelante, el mejoramiento del sistema se ha venido consolidando a través de la promulgación de normas y procedimientos que buscan contar con una oferta educativa óptima, acorde con la política de desarrollo productivo del país, producir y difundir conocimiento, contribuir al avance científico, afirmar y transmitir identidade diversas, promover el desarrollo humano, entre otros.

La agenda que debe atender la nueva administración en educación superior es si bien compleja, también desafiante y prometedora.

Educación Superior Universitaria

El 10 de julio de 2014 entra en vigencia la Ley N° 30220, Ley Universitaria (LU), que establece el diseño de la Política de Aseguramiento de la Calidad Universitaria, la creación de la Sunedu, entre otros. Como hito principal, se establece la verificación y supervisión de las condiciones básicas de calidad (CBC) a través del Licenciamiento, que como veremos más adelante, también se replicará para los institutos públicos.

Por un lado, el Minedu mantiene algunos temas pendientes. Por ejemplo, no formuló la hoja de ruta, es decir definir actividades, plazos e indicadores, que permitan fortalecer los cimientos del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación universitaria: Acreditación (mejora contínua de la calidad), Licenciamiento (CBC), Fomento (financiamiento para la investigación y becas) y Sistemas de Información (bases de datos para el diseño de políticas públicas y la toma de decisione en educación superior).

Quedó también pendiente el diseño de un plan de trabajo, y su financiamiento, para el mejoramiento de las CBC de las 12 universidades públicas emblemáticas, es decir las universidades públicas que según la LU fueron seleccionadas en atención a su antigüedad y situación geográfica, y que son consideradas como referente para la continuidad del programa de fortalecimiento  de la calidad. Ello hubiera de alguna manera permitido que universidades como la Mayor de San Marcos obtenga su licenciamiento.[1]  Asimismo, la formulación de una Ley de Carrera del Docente Universitario, que permita no solo nivelar las remuneraciones de los docentes universitarios, sino también establecer políticas de nombramiento, ratificación, promoción, capacitación, está aún en el listado de actividades que el Minedu debería retomar.

Por otro lado, en el marco del procedimiento de verificación de CBC, la Sunedu ha aprobado solo un plan de adecuación para una universidad (La educación universitaria ¿avanza?). Es decir, desde del inicio del procedimiento en diciembre del 2015, las universidades públicas no cuentan con un plan de trabajo aprobado por el Consejo Directivo de la institución que les permita solicitar recursos al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y garantizar el cumplimiento de las CBC.

De acuerdo con la propia normativa de la institución, las universidades tienen hasta el 31 de julio de 2018 para “adecuarse”, caso contrario serán cerradas. A la fecha solo 15 universidades, 3 de ellas públicas, están licenciadas. Si tomamos en cuenta que el Minedu es el ente rector de la política de aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria, se puede concluir que, desde la promulgación de la LU, poco ha hecho el Ministerio para mejorar las CBC de las universidades públicas.

A un nivel más macro, ha quedado postergada la revisión de algunos artículos de la LU, algunos de los cuáles han sido expuesta el Consejo Nacional de Educación, grupos de universidades, parlamentarios, entre otros. Entre ellas se encuentran:

  • Los requisitos para ser director de una escuela profesional. Se exige tener doctorado en la especialidad de la escuela profesional, lo que resulta inviable en escuelas como la de Administración en Turismo, en las que no existe una maestría o doctorado directamente relacionado con esta especialidad (artículo 36).
  • La reconsideración del límite de edad de 70 años para la docencia universitaria. Ver Docentes en las universidades públicas (artículo 84).
  • El ejercicio de la docencia en carreras de ciencias de la salud. La Ley estableció que se debe contar como mínimo con el grado académico de maestro para ejercer la docencia. Sin embargo, para las carreras de ciencias de la salud, el ejercicio de la docencia universitaria para el nivel de pregrado se ejerce con estudios de segunda especialidad.

Cabe precisar que la Sunedu, vía interpretación de la LU, ha establecido que en el caso del programa de Medicina Humana, el título de segunda especialidad profesional obtenido a través del Residentado Médico, equivale a grado académico de maestro.

  • Las condiciones del régimen de estudios. La LU establecer que este es preferentemente semestral, con un máximo de dos semestres académicos. En el marco de la autonomía universitaria, se podría establecer que las universidades organicen cursos de verano, vacacionales o de nivelación académica (artículo 39).

Educación Superior Técnica

La educación superior técnica constituye un eje fundamental para mejorar la competitividad del país. Está orientada a brindar los conocimientos y habilidades para desempeñarse en una especialidad a nivel profesional, desarrollar empresas, entre otros. Durante los últimos dos años he han logrado avances significativos para integrar la educación técnica y la universitaria, mejorar las condiciones básicas de calidad de los institutos y escuelas, fortalecer la carrera docente, entre otros.

En noviembre de 2016 se promulgó la Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes, en la que se establecen las bases para la reestructuración y mejora de la calidad de la educación superior.  En julio de 2017 se crea el Modelo de Servicio Educativo Tecnológico de Excelencia (RM N°409-2017-MINEDU) con el fin de contar progresivamente con un servicio educativo superior tecnológico público por región. El Reglamento de la Ley se aprueba en agosto de 2017.

Los funcionarios del Minedu, con el apoyo de representantes de instituciones privadas y técnicos independientes, continúan trabajando en los supuestos técnicos para la verificación de las CBC, el procedimiento, el cronograma, los indicadores y formatos para el recojo de la información de 821 institutos tecnológicos.

En el caso de la educación pedagógica, la Dirección General a cargo de la formación inicial de los docentes, está diseñando las bases para una gestión de calidad de las instituciones educativas que forman a los futuros maestros. En el 2016 se inició el proceso de revalidación de las autorizaciones de funcionamiento de institutos y escuelas pedagógicas. Este proceso buscó evaluar documentos que certifiquen algunos aspectos de calidad de institutos pedagógicos públicos. Actualmente se están elaborando los indicadores de la matriz de CBC en el marco del proceso de adecuación de institutos a escuelas pedagógicas: al 2021 se espera que la oferta educativa haya sido optimizada, permaneciendo los mejores institutos ya convertidos en escuelas pedagógicas, de acuerdo con los estándares que serán consensuados a nivel nacional.

Se espera que la actual administración del Ministerio apruebe pronto los documentos que permitan iniciar las capacitaciones e implementar el procedimiento de Licenciamiento de las instituciones educativas de manera que se cumpla con el plazo que da la Ley: 31 de julio de 2021.

El Estado se comprometió, y lo ha demostrado con hechos, con asegurar la calidad educativa de la educación superior. Las universidades, escuelas e institutos de educación superior deben continuar mejorando su calidad y pertinencia, de manera que el país cuente con profesionales formados con las competencias necesarias para lograr una adecuada inserción laboral.  Este compromiso trasciende las administraciones y confiamos que no se baje la guardia.

 

[1] Cuarta Disposición Complementaria Transitoria de la LU: Universidad Nacional Mayor de San Marcos; Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco; Universidad Nacional de Trujillo; Universidad Nacional San Agustín de Arequipa; Universidad Nacional del Altiplano de Puno; Universidad Nacional de Ingeniería; Universidad Nacional Agraria La Molina; Universidad Nacional del Centro del Perú; Universidad Nacional de Piura; Universidad Nacional de la Amazonía Peruana; Universidad Nacional de de Educación Enrique Guzmán y Valle.

La Educación Universitaria ¿avanza?

A juzgar por las cifras publicadas en la página web de la Sunedu, la situación de la educación universitaria peruana es crítica. Desde enero de 2016, 14 universidades han podido justificar que cumplen con las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) para ofrecer el servicio educativo, de las cuales solo 2 son públicas (la UNALM y la Universidad Nacional Autónoma de Huanta). Una universidad privada (U. de Ciencias y Humanidades) cuenta con un Plan de Adecuación aprobado, es decir, un plan de trabajo detallado que garantice el cumplimiento de las CBC.

Si tomamos en cuenta que existen 142 universidades y que han pasado casi dos años desde que se publicaron la matriz de CBC, el balance no es alentador. Esto es, o solo una universidad tiene la suficiente capacidad ejecutiva para remitir un plan de trabajo; o lo que es peor, todos los planes de trabajo remitidos a Sunedu no cumplen con las consideraciones para ser aprobados. Esto evidenciaría serios problemas de autoevaluación y de gestión de las casas de estudios.

Desde la publicación del Modelo de Licenciamiento en noviembre de 2015 a la fecha, se asume que todas las universidades vienen adecuándose para cumplir con las CBC que la Ley exige. Sin embargo, la falta de presupuesto, asistencia técnica y gestión moderna no ha permitido a las universidades públicas evidenciar el cumplimiento de dichas CBC. Es el caso de las universidades peruanas emblemáticas como la UN Mayor de San Marcos, UN San Antonio de Abad (Cusco), UN San Agustín (Arequipa) que, si bien figuran en los rankings internacionales por el número de publicaciones en revistas científicas, no logran el tan ansiado licenciamiento.

Si se dan una visita por las universidades públicas notarán que sus sistemas de información para la toma de decisiones son inexistentes. Por ejemplo, los presupuestos de las áreas académicas y administrativas se manejan solo en Excel, no cuentan con un programa para el seguimiento de los proyectos de investigación o de gestión docente. Por el lado de la gestión académica, existen escasos incentivos para la renovación de los cuadros docentes por los bajos sueldos que se les ofrece. Es más, si se evaluaran a las universidades públicas hoy con las consideraciones de la Sunedu ha publicado en junio de este año (Resolución de Superintendencia 0054-2017-SUNEDU), pocas serían las licenciadas.

Sería de suma utilidad que se publique un balance de las CBC de las universidades que a la fecha no cuentan con licencia. Por ejemplo: ¿cuáles son las CBC e indicadores que se incumplen con mayor dificultad?, ¿cuál es el porcentaje de docentes a tiempo completo?, ¿cuántos docentes que realizan investigación fueron declarados?, ¿a cuánto asciende el presupuesto en investigación de la universidad peruana?, entre otras consideraciones relevantes.

Carreras que funcionan sin autorización, universidades informales que operan en el territorio nacional, filiales no autorizadas, quizás no todas son malas noticias. Si con la información que se dispone a la fecha se realizara una evaluación integral de las CBC del sistema universitario, se podría elaborar un diagnóstico sobre la calidad de la oferta actual, evaluar y ejecutar políticas para el fortalecimiento del sistema. Así, al 2021 los resultados deberían ser más alentadores.

En seis meses podría incrementarse de 53 a 67 el número de universidades públicas en el Perú ¿Con qué criterios se crean?

De acuerdo con un reciente artículo periodístico (http://larepublica.pe/sociedad/1068787-en-diciembre-se-vence-prohibicion-para-abrir-nuevas-universidades), existen más de 14 iniciativas que han llegado al Ministerio de Educación (Minedu) para crear universidades públicas, ello sin considerar a aquellas escuelas que han sido transformadas en universidades (ver Ley N° 30597). Al respecto, ¿Sabemos cuáles son los criterios técnicos para evaluar estas iniciativas, el procedimiento a seguir o las autoridades que intervienen en la toma de decisiones?

Antes de la entrada en vigencia de la Ley Moratoria, 23 de diciembre de 2012, las demandas para la creación de universidades se canalizaban a través de los congresistas, originadas muchas veces por promesas electorales o exigencias pos conflictos sociales (ver 20 universidades públicas en 20 años, ¿necesitamos más?). Así, la población de A demandaba a sus autoridades una universidad; estos contactaban al Congresista X, quien a su vez formulaba y presentaba un proyecto de ley acogiendo el requerimiento social. Este proyecto definía el lugar, la infraestructura (sobre la filial de otra universidad que opera en la zona, un instituto técnico o un local donado por la comunidad), las carreras a ofrecer, y en algunos casos, el presupuesto para el inicio de actividades. A priori, sin ninguna consideración técnica más allá del criterio del legislador para elaborar la exposición de motivos, ningún otro estamento del Estado evaluó las necesidades educativas y productivas de la región, el potencial número de alumnos, las necesidades de insumos educativos (laboratorios, docentes, equipos), entre otros. La ley se aprobaba, promulgaba y publicaba, naciendo una universidad.

Luego se constituía una Comisión Organizadora, quien ejecutaba las acciones necesarias para implementar la universidad (preparación de documentos normativos y de gestión). Esta Comisión también realizaba los trámites ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para contar con la asignación presupuestaria respectiva. Así, cada universidad pública nacía con aproximadamente 5 millones de soles anuales de recursos ordinarios bajo el brazo, sin contar con otros provenientes del canon que, por mandato constitucional, les correspondía recibir.

Con la entrada en vigencia de la Ley Universitaria, 10 de julio de 2014, se establecen algunas disposiciones para la creación de universidades públicas y privadas. El artículo 26 señala que las universidades (públicas) se crean por Ley, previa opinión favorable del MEF, debiendo contemplar los siguientes requisitos básicos: (i) garantizar la conveniencia y pertinencia con las políticas nacionales y regionales de la educación universitaria; (ii) vincular la oferta y demanda propuesta a la demanda laboral; y, (iii) demostrar disponibilidad de recursos humanos y económicos para el inicio y sostenibilidad de las actividades proyectadas, que le sean exigibles de acuerdo con su naturaleza. La Ley especifica que estos requisitos deben ser verificados en el proceso de licenciamiento.

El 25 de noviembre de 2015, con la publicación del Modelo de Licenciamiento y las consideraciones publicadas el 1 de junio de 2017 con Resolución de Superintendencia N° 054-2017-SUNEDU, la Sunedu establece las condiciones básicas de calidad que aplican a nuevas universidades sobre la base del artículo 26 previamente descrito.

Sin embargo, existe un vacío en la normativa que al no haber distinción entre creación y licenciamiento – o autorización de funcionamiento – de una universidad. Por ejemplo, en Colombia antes de obtener el registro calificado (el equivalente al licenciamiento), la universidad tiene la autorización para constituirse como persona jurídica, es decir, se le da la partida de nacimiento para que pueda constituirse, solicitar financiamiento y generar condiciones (equipos, infraestructura adecuada, especialistas en procesos, normativa, etc.) que le permita desarrollar el proyecto. Una vez que obtiene el proyecto validado por la autoridad competente, se solicita el registro calificado (o autorización de funcionamiento).

La definición de un procedimiento para la creación de la universidad, previa al licenciamiento institucional, permitiría tener una evaluación inicial de la viabilidad de un proyecto educativo. En el caso de la universidad pública, esta pre-aprobación permitiría analizar con criterios técnicos predefinidos y, entre varias alternativas, optar por la más viable, de la mano de su promotor, el Minedu. Así, el MEF también contaría con la garantía de la viabilidad técnica del proyecto, con lo que la apertura del pliego presupuestario y la asignación presupuestal no sería en automático. Al no tener condiciones para la creación establecidas, no se puede determinar con cuantos programas debería iniciar su funcionamiento, el número mínimo de carreras, o las condiciones de infraestructura, investigación y gestión, considerando que son universidades sin alumnos.

En nuestro ejemplo, si las autoridades de la provincia A demandan una universidad y se ponen en contacto con el Congresista X, este ¿tendrá que preparar una solicitud o un expediente? ¿a quién se lo presenta al MEF, el Minedu o la Sunedu?

En el caso de la universidad pública, este proceso de gestación debería ser liderado por el Minedu, validada por el MEF y aprobada por el Congreso de la República. Dado que la formulación de un proyecto educativo es una actividad compleja, el Minedu, en su rol rector y promotor de las universidades públicas, canalizaría al MEF las solicitudes de creación que sean presentadas por los Gobiernos Regionales (GR), a través de congresistas o bien directamente por ellos.

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Estas solicitudes deberán cumplir con una estructura y estándares definidos por la Sunedu, de modo tal que el Minedu, a través de su Dirección General de Educación Superior Universitaria (Digesu), pueda emitir una opinión técnica sobre la viabilidad del proyecto de universidad (Ver Figura 1).

El MEF evalúa el proyecto y, de ser el caso, emite la opinión favorable que sirva para sustentar económicamente el nuevo proyecto educativo.

Publicada la Ley de creación, el Minedu conforma la Comisión Organizadora quien ejecutará las acciones necesarias para preparar los documentos normativos y de gestión, así como el expediente de licenciamiento, lo que –a la postre– le permitirá conformar sus órganos de gobierno, convocar al primer examen de admisión e iniciar sus acciones como universidad.

Proceso de Creación de universidades públicas

Existe consenso en que para crear universidades, si bien responden a demandas legítimas de la población por una mayor presencia del Estado, se debe cumplir criterios que garanticen técnica y económicamente el proyecto. El análisis debe contemplar la evaluación de alternativas como la creación de una filial de una universidad existente, o la creación de un instituto técnico u otra institución educativa. Si para construir un camino o un establecimiento de salud, el Estado cuenta con criterios técnicos ya validados, ¿por qué no puede establecerse un camino similar para nuestras  universidades públicas?

La adecuación previa al cierre de fiales o sedes universitarias

13 universidades licenciadas, más de 90 evaluadas, ¿A cuánto ascendería la inversión pública y privada para que las universidades cumplan con las condiciones básicas de calidad? ¿Bajo qué criterios se evalúan? ¿Se sabe cuántas universidades requerirán más tiempo para adecuar sus condiciones de enseñanza?

El procedimiento es ya conocido por muchas universidades. Si luego de ser evaluada documentariamente y/o en una visita, no satisface las condiciones básicas de calidad, la Sunedu emite un informe en el que se detalla los indicadores que no se cumplen. Ante ello, la universidad presenta un plan de trabajo, conocido como Plan de Adecuación, en el que se detalla las actividades que se ejecutarán para, luego de una evaluación posterior de la Sunedu, obtener la licencia de funcionamiento.

El Plan de Adecuación nació como una herramienta que le permitiera a la universidad evaluarse y estimar el tiempo el cual se adecuaba a las condiciones, en el marco de una implementación progresiva de la Ley Universitaria, Ley 30220. En efecto, se trabajaba bajo el supuesto que, si las universidades habían operado 30 o 40 años bajo un esquema no regulado, se necesitaría tiempo para adecuarse al nuevo marco. La utilidad de dicho Plan era evidente: permitía conocer las acciones y estimar los recursos que la universidad debía destinar para nivelarse a las condiciones que la Ley Universitaria exige. En el caso de la universidad pública, es prioritario contar con un documento que avale una demanda adicional. Es sabido que los presupuestos del sector público se aprueban alrededor de noviembre, y que cualquier ampliación presupuestal a la demanda histórica de la institución educativa, requiere no solo la autorización del Ministerio de Educación, sino también del Ministerio de Economía y Finanzas.

De acuerdo al artículo 11 del Nuevo Reglamento de Licenciamiento Institucional aprobado marzo del 2017, el Plan de Adecuación es  presentado en el plazo máximo de treinta (30) días hábiles, contados desde la notificación del informe desfavorable y contiene, como mínimo, lo siguiente:

  • Descripción detallada de las actividades para el cumplimiento de los indicadores observados
  • Cronograma de trabajo para la subsanación de las observaciones, que contenga justificación del plazo propuesto, el cual no debe superar el plazo de adecuación previsto en el presente reglamento
  • Presupuesto proyectado que debe contener: costos estimados, área(s) responsable(s) de su ejecución, y
  • Plan de financiamiento

Todo plan de trabajo, gatilla un plazo. En el caso del Licenciamiento, el Plazo de Adecuación es el periodo de tiempo obligatorio que tienen las universidades para cumplir con las condiciones básicas de calidad. El artículo 12 del mismo Reglamento menciona que es la Dirección de Licenciamiento evalúa el Plan, el mismo que es aprobado por el Consejo Directivo de la Sunedu.

En el marco de la reconstrucción de la infraestructura dañada por el efecto de las lluvias de este año, ¿A cuánto ascienden los Planes de Adecuación de las universidades públicas? ¿Hasta dónde llegan las competencias de Sunedu para aprobar o desaprobar lo que la universidad considera debe o puede invertir, en el marco de su autonomía universitaria? A la fecha, aproximadamente 85 universidades, entre públicas y privadas, no cuentan con resoluciones de la Sunedu que determinen si cumplen o no cumplen con las condiciones básicas de calidad.

Habiendo transcurrido más de un año de la entrega de expedientes, las universidades requieren contar con una resolución de la Sunedu que determine el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad.  Es sabido que, para ofertar nuevas carreras después de la entrada en vigencia del Modelo de Licenciamiento (noviembre de 2015), las universidades deben contar con la Licencia. Por un lado, a mayor demora en las resoluciones de la Sunedu, mayores costos de oportunidad incurre la universidad por no destinar sus fondos a actividades educativas. Por otro lado, las universidades públicas no contarán con la justificación para solicitar presupuestos para el levantamiento de las observaciones.

Al 8 de agosto de 2017, 15 universidades se sumarán a la evaluación de la Sunedu.  Si bien el periodo de adecuación se ha extendido al 31 de julio del 2018 ¿La Sunedu evaluará una nueva ampliación del periodo de adecuación? ¿Se tiene estimado el número de universidades o filiales que cerrarían en caso no se cumplan con las condiciones básicas de calidad? ¿A partir de cuándo se determinará el cierre de filiales o sedes universitarias?
Foto: Universidad Nacional de Piura, mayo 2017 – http://www.elregionalpiura.com.pe/~elreg896/index.php/regionales/150-piura/20825-minedu-evalua-danos-del-nino-costero-en-universidad-nacional-de-piura

 


 

Los inicios del Licenciamiento en el Perú

 

Cuando la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu) comienza a operar, allá por el primer trimestre de 2015, la oposición política a la Ley Universitaria era más activa y adversa que la de hoy. Se era consciente que parte de la subsistencia de la institución debía lograrse mostrando resultados. Sin embargo, la velocidad a la que iba la gestión ponía en riesgo su propia consolidación. La puesta en marcha del Licenciamiento de universidades, el procedimiento mediante el cual se otorga autorización de funcionamiento, se convirtió en prioridad en la agenda de la gestión del sector educación.

En agosto de 2015, una nueva gestión en la Dirección de Licenciamiento de la Sunedu se inicia con el encargo de diseñar e implementar el Licenciamiento, a la par de reformular  la estructura interna y convocar a los técnicos para gestionar lo que se venía. Se tenían solo dos meses, tiempo record para diseñar el marco regulatorio.

En dicha oportunidad había tres aspectos a tener en cuenta. Primero, existía un desconocimiento por parte del Estado de la situación de todas las universidades y sus estudiantes: ¿cuantos laboratorios existen?, ¿cuál es el nivel de deserción?, ¿cuál es el número de egresados?, ¿cuántas tesis de pregrado se producen por año?, entre otros. Es decir, no se contaba, ni se cuenta al día de hoy, con información oficial sobre la situación de las universidades. Este componente es gravitante si se quiere diseñar una política. En efecto, el último censo de universidades se llevó a cabo en el 2011, cuando varias universidades de las que conocemos hoy –muchas de ellas públicas– no se habían creado. Por lo tanto, el Licenciamiento debía partir en este contexto: se desconocía los efectos que podría implicar poner una “valla alta” a las universidades y sus estudiantes, ante un posible cierre de las casas de estudios.

Segundo, las políticas públicas no pueden nacer de un escritorio, desconociendo la realidad y sin diálogo. Había la necesidad de generar consensos políticos para implementar la política pública, hacerla viable y consolidarla. Los mensajes claros, directos y transparentes son claves. Además de los equipos técnicos que diseñaron la matriz de indicadores de las condiciones básicas de calidad y el procedimiento, se integró un equipo encargado de diseñar una estrategia política, pues éramos consientes que el escenario para implementar esa misión era difícil: Sunedu tenía en el Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad, lo que podía conllevar a un cierre de la institución. Además, las universidades públicas o privadas tampoco estaban a nuestro favor, ni de la Ley. Como consecuencia, ninguna autoridad universitaria dejó de ser atendida en la institución y se dio atención oportuna a todas las universidades por igual.

Tercero, establecer indicadores objetivos, medibles y básicos. En efecto, el Licenciamiento y la Acreditación dos caras complementarias de la calidad aunque distintas: procedimiento obligatorio vs. voluntario, condiciones básicas vs. mejora continua, insumos vs resultados, habilitación vs distinción. Si el Estado no conocía la situación de todas las universidades, ni el impacto que el cierre de algunas por poner la valla alta podía causar, ¿cómo podía calibrar la exigencia? Las condiciones de calidad ya estaban previstas en la Ley, por lo que a partir de ahí había que construir indicadores objetivos y medibles, en la que la discrecionalidad del “par académico”, “evaluador” o “verificador” se minimizara.  En consecuencia, si los resultados eran conocidos por todos, poca resistencia iba a producirse en el sistema.

Teniendo en cuenta estos tres aspectos, con el apoyo de la Alta Dirección del Minedu y Sunedu, y en paralelo a un mapeo de actores y un estudio de percepciones de la Sunedu, se obtuvo un primer borrador de la matriz de indicadores y del procedimiento. Pero no fue un trabajo de gabinete. El proyecto recibió aportes valiosos del Banco Mundial; expertos de los ministerios de educación de Ecuador y Colombia; expertos españoles, chilenos, mejicanos y peruanos. Previa aprobación del Consejo Directivo, validamos y ajustamos la propuesta con el Consejo Nacional de Educación, el Sineace, 33 universidades (públicas y privadas), entre otros. Así se buscó consenso a nivel interno y externos, aprendiendo de los desafíos y limitaciones de sistemas educativos similares y de la realidad de las universidades peruanas contada por sus propios gestores.

El Modelo de Licenciamiento es aprobado por el Consejo Directivo de la Sunedu el 24 de Noviembre de 2015, luego de ajustes a algunos indicadores, conceptos, el cronograma de presentación de las 130 universidades al proceso y la elaboración de los respectivos Reglamentos. En paralelo se elaboraban los formatos y manuales, los mismos que estuvieron listos en la primera quincena de enero de 2016. El primer evento de socialización se realizó el 14 de diciembre de 2015 y en enero de 2016 se inician las capacitaciones a nivel nacional. A junio de 2016, se capacita a aproximadamente 1200 autoridades y personal de las universidades. El resto es conocido.

El esfuerzo que se desplegó desde la Alta Dirección del Ministerio de Educación, la Sunedu y sus técnicos en transparentar la información, capacitando, dialogando y consensuando para una mejor implementación, originó confianza en el sistema universitario. Repuestas claras, oportunas y rápidas. Respeto por la autoridad universitaria y los estudiantes. Buscar el apoyo de las empresas privadas y los organismos internacionales. Se marcó un hito. Era la primera vez que el Estado se acercaba no solo a la universidad pública, sino también a la privada, estableciendo condiciones de calidad para su funcionamiento.

Entre setiembre del 2015 y diciembre 2016,  Sunedu ganó legitimidad y cambió un discurso de coercitivo a uno positivo-constructivo, de mejora de condiciones básicas calidad. El relacionamiento con las universidades permitió, en los primeros meses, reducir la confrontación y viabilizar el diálogo con las autoridades para legitimar el proceso. Eso es política, y es pública porque busca el bien común. Así como no se puede legislar sin conocer la realidad o ignorando el contexto, tampoco se puede diseñar y/o implementar una política pública sin evaluar sus potenciales costos y beneficios, los actores políticos y los riesgos.

Consolidar la institucionalidad del Licenciamiento es una obligación, no solo porque está escrito en la Ley. Existe una responsabilidad ya asumida por el Estado con los estudiantes universitarios, la universidad pública, los docentes, la comunidad científica, etc. Tres años después de la promulgación de la Ley Universitaria, la Sunedu debe estar diseñando la línea de base sobre la información que se encuentren en los expedientes, a fin de evaluar el impacto de la implementación de la Ley en lo que respecta al cumplimiento de las condiciones básicas de calidad; o proponiendo guías metodológicas que orienten a las universidades en el diseño de sus líneas de investigación o procedimientos de evaluación docente. Escuchar a la comunidad universitaria, sin miedo  y generar una dinámica por el bien del sistema logrará la consolidación por la que muchos desde el Minedu, la Sunedu, el Congreso, etc. hemos trabajado.