CESE AUTOMÁTICO DE LOS DOCENTES MAYORES DE 70 AÑOS

“La edad máxima para el ejercicio de la docencia en la universidad pública es setenta años. Pasada esa edad solo podrán ejercer la docencia bajo la condición de docentes extraordinarios y no podrán ocupar cargo administrativo”, conforme al artículo 84 de la Ley Universitaria (LU).

El 28 de setiembre de 2017, la Sunedu publicó una resolución aprobando los criterios para supervisar lo indicado en esta disposición,[1] con el objetivo de “generar predictibilidad” en los administrados y “hacer explícitas las consideraciones mínimas de razonabilidad” que tendrán en cuenta al momento de la supervisión de las universidades públicas.

Evaluación y cese automático

La Sunedu sostiene que “el cese de los docentes ordinarios por límite de edad no es automático”, es decir, esta decisión está sujeta a una evaluación previa del docente. También refiere que la evaluación tiene por objeto determinar: i) si corresponde que el docente pase a la categoría de “docente extraordinario” o ii) su cese cuando estos alcancen el límite de edad de los 70 años.

Al respecto, cabe indicar que el cese automático a los 70 años de edad podría ser considerado discriminatorio e inconstitucional. Asimismo, el propósito de la evaluación no podría ser otro que determinar si éste cumple o no con las competencias, capacidades y cualidades que exige el perfil de todo docente universitario.[2] Si el resultado es positivo, el docente –si así lo desea– está habilitado para continuar en el ejercicio de la docencia; en cambio, si el resultado de la evaluación es negativo, lo que corresponde es su cese.

Esto tiene correspondencia con el objetivo asignado a la evaluación de los docentes en general, en la que se verificará los siguientes atributos de la carrera docente: i) mérito académico; ii) producción científica; iii) producción lectiva; y iv) producción en investigación.[3]

No obstante, en la propia resolución se esbozan elementos que son contrarios a este planteamiento inicial, al indicarse que la evaluación “constituye una condición previa para el cese de los docentes siempre y cuando no se haya completado el porcentaje máximo de docentes extraordinarios que una universidad pública puede designar”, siendo de 10% conforme a Ley (art 80.2 LU). Es decir, si está cubierto este porcentaje, corresponde el cese inmediato del docente, es más, en este supuesto se “puede” prescindir de la evaluación procediendo el cese automático (en realidad termina siendo un “debe”, pues no existe opción para que continúe en la actividad docente).

En ese sentido, lo descrito en el párrafo precedente no tiene correspondencia con la regla general de que el cese de un docente por límite de edad no debe ser automático; tampoco con el propósito de establecer una evaluación en este supuesto (ceses por límite de edad); menos con el carácter meritocrático de la misma tras haberse especificado criterios sobre la carrera docente a ser verificados en la evaluación; y con la posibilidad que otorga la LU de seguir ejerciendo la docencia en una categoría docente distinta (como docente extraordinario). Asimismo, y con mayor razón, sería contrario a la necesidad de que el cese por límite de edad no deba sustentarse solo en la edad de la persona, pues retirar a un docente presumiendo su incapacidad o ineptitud al alcanzar una edad determinada, es discriminatorio e inconstitucional.

Lo indicado da cuenta que un criterio formal (cuando se complete el máximo de docentes extraordinarios) pueda estar por encima de criterios materiales vinculados con la competencia y la capacidad para el ejercicio de la docencia, la meritocracia, el derecho a la igualdad y no discriminación, el derecho al trabajo, el libre desarrollo de la personalidad, entre otros.

Predictibilidad sin razonabilidad

La resolución de la Sunedu posiblemente genere “predictibilidad” porque se sabe lo que viene próximamente en cuanto al cumplimiento de rol como entidad supervisora,[4] pero existe duda en cuanto a las “condiciones mínimas de razonabilidad” pues no se han analizado todos los elementos relevantes que la situación amerita. Estos criterios tampoco reflejan la importancia y el énfasis que le pone actualmente la Sunedu –en el marco del procedimiento de licenciamiento– a la carrera docente en las universidades, o con la revalorización de la actividad docente en la universidad pública.[5]

A fin de garantizar adecuadamente los derechos o intereses en juego, el docente que cumpla o que esté próximo a cumplir los 70 años de edad debería pasar por una evaluación (bajo ningún supuesto un cese automático) sobre la base de criterios objetivos sustentados en las competencias y en la trayectoria como docente (perfil docente), a partir del cual se pueda sustentar su permanencia o el cese correspondiente, según corresponda.

Se requiere una modificación del artículo 84 de la LU, pues lamentablemente el texto de la disposición ha conllevado a interpretaciones literales o restrictivas que no se condicen con los derechos de los docentes universitarios o con la necesidad de viabilizar el derecho de acceso a la función pública de nuevos cuadros, o el favorecimiento de la movilidad y el ascenso de los profesores ordinarios (tal como lo sostuvo el Tribunal Constitucional en el 2015).[6]

[1] Aprobados con Resolución del Consejo Directivo N° 034-2017-SUNEDU/CD, del 25 de setiembre de 2017.

[2] Ver. Los deberes del docente previstos en el artículo 87 de la LU.

[3] Aquí la Sunedu sigue lo sostenido por el Tribunal Constitucional: ver STC Expediente N° 0014-2014-PI/TC y otros, Fundamento N° 256.

[4] Pese a que la Sunedu a sujetado la aplicación de estos criterios a que las universidades cuenten con disponibilidad presupuestaria: ver Resolución del Consejo Directivo N° 036-2017-SUNEDU/CD, publicada el 4 de octubre de 2017.

[5] Ver resoluciones que otorgan la licencia de funcionamiento institucional a universidades.

[6] Ibídem; Fundamento 253.

Anuncios

Docentes en las universidades públicas

La huelga de los maestros nos tiene preocupados a todos. Existe un consenso de que nuestros maestros deben percibir un salario acorde con la profesión que ejercen. La demanda es justa y por ende requiere no solo una salida técnica (¿se puede pagar?, ¿en cuánto tiempo?, ¿con qué criterio?), sino también una estrategia política que incluya el diálogo, así como la prevención de conflictos, y la generación de alianzas con actores sociales y líderes de opinión.

La educación superior no es ajena a las huelgas. El 26 de octubre del año pasado los docentes universitarios de las universidades públicas iniciaron una huelga a nivel nacional demandando principalmente la homologación de los sueldos con aquellos que perciben los magistrados del Poder Judicial, conforme se estableció en la Ley Universitaria (LU).

rec 1 post 4

De acuerdo a la interpretación de la Asociación de Universidades Públicas del Perú (ANUPP) y la Federación Nacional de Docentes Universitarios del Perú (FENDUP), los docentes auxiliares, asociados y principales deberían percibir las remuneraciones de un juez supremo, uno superior (segunda instancia) y uno especializado (primera instancia), a quienes se les paga 23000, 14500 y 12400 soles, respectivamente. A esa fecha, los sueldos de los docentes de universidades públicas para las mencionadas categorías eran de 6700, 3008 y 2008 soles, respectivamente.

Financieramente, atender la demanda era prácticamente imposible. Políticamente, se corría un alto riesgo de que los estudiantes pierdan el año académico, y más aún, se detengan los avances de la reforma universitaria. Si comparamos el sueldo de los docentes peruanos a nivel internacional, se observa que el docente peruano principal a dedicación exclusiva gana casi la mitad del docente mejicano y la cuarta parte de la remuneración promedio mundial. El escenario es preocupante (ver Gráfico 1 y recuadro 2).

El docente peruano principal a dedicación exclusiva gana casi la mitad del docente mejicano y la cuarta parte de la remuneración promedio mundial. El escenario es preocupante.

Gráfico 1

Otros dos de los temas de la demanda fue el eliminar la exigencia del límite de edad de 70 años para el ejercicio de la docencia, así como el grado mínimo de maestría para ser calificado como docente.  En el primer caso, se entiende que la LU busca romper con una inercia que impedía la movilidad inter-generacional que se daba más que nada en universidades públicas. Si graficáramos las edades de los docentes, encontraríamos una pirámide invertida: pocos jóvenes en la base, muchos adultos mayores arriba.

recuadro 2 post 4Si bien la idea es buena, castiga un activo que no da la juventud: la experiencia. Países como Argentina, Brasil y Chile no han establecido una edad máxima para ejercer la docencia universitaria. Los docentes universitarios de edad avanzada son un referente en el área del conocimiento en la que son expertos, constituyen una influencia positiva y modelo de profesional para las nuevas generaciones de estudiantes. En el Perú, se podría eliminar de la LU el artículo que hace referencia al límite de edad o crear una categoría distinta a la de Docente Extraordinario, como la de Docente Consulto, de manera que se incorpore a docentes con reconocida trayectoria académica y profesional.

Se podría eliminar de la LU el artículo que hace referencia al límite de edad o crear una categoría distinta a la de Docente Extraordinario, como la de Docente Consulto, de manera que se incorpore a docentes con reconocida trayectoria académica y profesional.

En cuanto a la calificación de los docentes, la LU dispone que cuenten, como mínimo, con estudios de maestría, para lo cual tienen un plazo para realizarla de 5 años, el cual vence de 14 de noviembre de 2020.  Antes de la Ley, los profesores podían contar solo con bachiller universitario, mientras que en países de la región el grado académico mínimo para el ejercicio de la docencia es el de maestría. Esta medida tiene repercusiones directas en la calidad de la enseñanza: profesores mejor calificados son un insumo para tener mejores graduados. Ahora bien, también origina que los profesores se vuelvan un recurso escaso. Los docentes con maestría reciben un mayor número de ofertas laborales atractivas en términos monetarios de universidades privadas, incrementando el número de potenciales docentes que desestiman trabajar para el Estado dadas las bajas remuneraciones.

Como se puede observar, el problema era complejo y requería una solución concertada. Así en los primeros indicios de la huelga, el equipo del Minedu inició una política de diálogo con los rectores y docentes universitarios, que tuvo como resultado que huelga culminase en diciembre del 2016, tras acordarse un aumento salarial que se hizo efectivo en el año siguiente. En coordinaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas, se logró que la remuneración de los docentes auxiliares y asociados se incrementara en un 47%, mientras que la remuneración de los principales lo hizo en 32%.  Esto significó en cerca de 94 millones de soles adicionales en el presupuesto del sector y beneficiar a más de 15 mil docentes ordinarios. (http://busquedas.elperuano.com.pe/normaslegales/aprueban-monto-de-incremento-de-la-remuneracion-de-los-docen-decreto-supremo-n-103-2017-ef-1509244-4/).

El diálogo y una estrategia política clara del Minedu explica la corta duración de la huelga. Por un lado, el Ministerio era consciente que la homologación de las remuneraciones, si bien está en la LU, implicaría una larga lucha muy probablemente infructuosa con el MEF. Por otro lado, el sector requería una reforma integral: remuneraciones, capacitación, meritocracia, investigación, en otras palabras, la revaloración de la carrera docente. Si los maestros de la educación básica tienen su Ley de la Carrera Magisterial y los docentes de los institutos técnicos cuentan con una sección en la Ley de Institutos que regula aspectos de su carrera, ¿por qué los docentes universitarios no pueden contar con una Ley?

recuadro 3 post 4Así, el Minedu presentó y discutió con los rectores una estrategia integral resumida en una propuesta de Ley de Carrera Docente, en el que la remuneración era una parte importante. La ANUPP veían con buenos ojos que la propuesta del Minedu era una solución de mediano plazo y viable que se debía apoyar. La promesa del incremento inicial en la remuneración de los docentes universitarios fue la primera señal del compromiso político del Gobierno para con la universidad pública. La reforma universitaria iba en serio.

El diálogo con los gremios de docentes fue también parte de la estrategia. Fue muy importante que los técnicos y la Alta Dirección explicaran a los docentes hacia donde iba la política del Minedu en educación superior y la importancia revalorar la carrera del docente universitario con un enfoque gradual.

El tema de fondo sigue siendo la necesidad de desarrollar mecanismos que fomenten la actualización, capacitación, investigación y la meritocracia.

Adicionalmente, el Minedu continuó con la convocatoria de 500 becas de estudios de maestría para docentes de manera que adquieran el grado de maestro que la Ley exige. El tema del límite del ejercicio de la docencia quedó pendiente pues requería una revisión de la LU.

Gracias a un buen dimensionamiento del problema, una estrategia política y una propuesta técnica viable, la huelga fue superada. Sin embargo, el tema de fondo sigue siendo la necesidad de desarrollar mecanismos que fomenten la actualización, capacitación, investigación y la meritocracia. Aún quedan pendientes la formulación de la Ley de la Carrera Docente y el cambio del artículo del límite de edad para el ejercicio de la docencia. Sigamos adelante.

Foto: http://larepublica.pe/impresa/sociedad/815765-profesores-universitarios-inician-huelga-nacional-por-homologacion-de-sueldos

Los inicios del Licenciamiento en el Perú — Políticas y Públicas

Cuando la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu) comienza a operar, allá por el primer trimestre de 2015, la oposición política a la Ley Universitaria era más activa y adversa que la de hoy. Se era consciente que parte de la subsistencia de la institución debía lograrse mostrando resultados. Sin embargo, la velocidad a […]

a través de Los inicios del Licenciamiento en el Perú — Políticas y Públicas