Objetivamente, ¿por qué darle el SI a una nueva Ley de Moratoria para la creación de universidades?

Objetivamente, ¿por qué darle el SI a una nueva Ley de Moratoria para la creación de universidades?

Ninguna autoridad del sector educación ha sabido explicar por qué no es conveniente crear más universidades públicas. Se desconoce el número, tipo (de investigación o profesionalizantes), la ubicación en el territorio nacional, además de otros aspectos como el perfil de los egresados que requiere el mercado laboral, de las tasas de deserción, repitencia, etc.

Tampoco contamos con un ranking oficial de universidades nacionales o con un censo universitario (el último se realizó en el 2011) que ayude a tomar decisiones sobre la base de información tangible y no de suposiciones o prejuicios, que priman en el debate actual.

Un caso que permite comprender, y hasta cierto punto anticipar los resultados de un posible incremento de universidades públicas, es el desempeño de las universidades públicas con ley de creación (ULC) en implementación. Al 2018 existen 9 ULC, es decir universidades sin autorización de funcionamiento otorgada por Conafu y que, por lo tanto, no cuentan con autonomía universitaria. Estas universidades son gestionadas bajo la supervisión del Viceministerio de Gestión Pedagógica y la Dirección General Superior Universitaria (DIGESU) del Minedu, quienes convocan y eligen a los responsables de implementar las universidades.

En el 2017, de los S/. 4,687 millones que recibieron las 48 universidades, S/. 128 millones (2.7%) se presupuestaron para implementar las 7 que aún cuentan con ley de creación, de acuerdo al cuadro adjunto. [1] El presupuesto se vio incrementado en el segundo semestre del año debido a la inclusión de la UN Autónoma de Tayacaja Daniel Hernandez Morillo (Huancavelica) y la UN Ciro Alegría (La Libertad), que recibieron S/. 2.6 y S/. 63.1 millones, respectivamente.

1ero2018

Las ULC muestran bajos niveles de ejecución presupuestaria por toda fuente. En promedio ejecutaron solo el 26.3% de su presupuesto, muy por debajo del promedio nacional (81.7%), y se explica principalmente por la baja ejecución de la UN Ciro Alegría – La Libertad – (1%) y la UN Intercultural de Quillabamba – Cusco – (34%). Casualmente ambas financian sus presupuestos a través del Canon (99% y 90% respectivamente). La primera estableció en julio del 2017 su primera Comisión Organizadora (CO) por lo que su incorporación al presupuesto es reciente.

Solo una ULC fue licenciada por la Sunedu en el 2017.  A la entrada en vigencia del Modelo de Licenciamiento en noviembre de 2015, la única universidad que ha logrado el Licenciamiento fueron la UN Autónoma de Huanta (Ayacucho). Esta universidad, que cuenta con 30 alumnos y está ubicada a una hora de la UN San Cristóbal de Huamanga (Ayacucho), mostró un bajo nivel de ejecución presupuestal en el 2017 (43.7%), lo que evidencia una lenta ejecución del Proyecto Institucional Universitario aprobado por el Minedu.

Por otro lado, la UN Intercultural De La Selva Central Juan Santos Atahualpa (Junín), que cuenta con tres filiales (Satipo, La Merced y Pichanaki) y es financiada en un 44% con los recursos del canon, mostró una ejecución presupuestal del 64%. Es la única ULC que ha pasado a la etapa de verificación presencial del procedimiento de Licenciamiento lo que indicaría que tiene altas probabilidades de ser la tercera universidad licenciada de este grupo. Del resto, 3 universidades están en la fase de revisión documentaria (Ciro Algría, Tarma y Tayacaja), 2 han recibido observaciones a su expediente (UN Quillabamba y UN Fabiola Salazar).[2]

El proceso de constitución de las ULC toma más tiempo que el esperado de acuerdo al marco normativo previo de la Conafu (5 años).  Las CO que implementan las ULC son afligidas por las mismas debilidades del sector público a nivel central y regional: inadecuada burocracia, falta de incentivos y meritocracia, instrumentos de gestión, recursos humanos, entre otros.

Estas 7 universidades fueron creadas entre el 2010 y el 2011 y la falta de cuadros gerenciales y académicos hace que sus proyectos educativos no tomen la forma que se requiere para alcanzar el Licenciamiento. Asimismo, llevan 6 años promedio en implementación y no logran desarrollar un proyecto educativo acorde con la normativa vigente. Recién con la creación de la DIGESU en el 2015, el sector brindó limitada asistencia técnica a las CO con el fin de agilizar sus procesos, actividad que la gestión del Ministro Vexler debería continuar y fortalecer.

Cercanía territorial con otras universidades públicas. En un artículo anterior se expuso sobre el poco criterio que tiene el Congreso para aprobar la creación de universidades públicas, muchas de ellas a escasa distancia de otras universidades, o sobre la  base de filiales de otras universidades públicas.  

Por ejemplo, la ley de creación de U.N. Intercultural de Quillabamba (UNIQ) determina que su sede se establece sobre la filial de la U.N. San Antonio de Abad del Cusco (UNSAAC), transfiriéndose incluso el personal docente, administrativo y la infraestructura. La pregunta que se planteaba en el citado artículo fue ¿era necesario crear una nueva universidad, en lugar de mantener una filial de la UNSAAC fortalecida? Desde el punto de vista técnico posiblemente la respuesta es no.

Este es el caso de la UN Autónoma de Huanta, que estando a una hora de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, fue licenciada por la Sunedu en parte por la presión política que se ejerció ante los organismos responsables del tema. Por otro lado, en enero del 2018, se presentó un proyecto de ley para la creación de la Universidad Nacional Tecnológica de Chincha, sin un análisis de costo beneficio o estudio de oferta que la Ley Universitaria exige.

En este contexto, llama la atención que el Minedu no haya sentado posición técnica sobre la problemática de la creación de universidades públicas. Analizando la baja ejecución presupuestal y la débil gestión de este grupo de universidades podemos concluir que el Estado ha demostrado no ser un buen promotor de la educación universitaria. De no aprobarse una nueva ley de moratoria confirmaría que los intereses políticos siguen primando para crear universidades públicas aun cuando el presupuesto y la capacidad de gestión son limitados. Sigue leyendo

Reconstrucción, con cambios?

Reconstrucción, con cambios?

En respuesta a los desastres del El Niño Costero del 2017, el 28 de abril de este año se crea la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (RCC), entidad adscrita a la PCM, de carácter excepcional y temporal. El Plan de reconstrucción se elaboró luego de meses de ocurrida la emergencia, las obras de prevención para el siguiente periodo de lluvias se inician tímidamente y la reconstrucción no avanza. Se percibe inacción e indiferencia por parte del Estado y cientos de damnificados empiezan a salir a las calles a protestar.

No es novedad que durante el primer trimestre de todos los años llueva torrencialmente en el norte, se produzcan sequias y el sur se vea afectado por las heladas. La intensidad puede ser mayor o menor y, dependiendo de la valoración de los daños, se inician proyectos de infraestructura, algunas veces financiados con recursos de la cooperación internacional. Sumado a esto, al ser un país sísmico, se requiere contar con un plan de contingencia para enfrentar las emergencias. Entonces, ¿por qué crear un organismo de carácter excepcional y temporal?

Respuesta del Estado ante los fenómenos naturales de los 90s: planificación, monitoreo y la rendición de cuentas

Y es que no aprendemos de nuestras propias buenas prácticas. Hace 20 años exactamente, el Perú enfrentó las nefastas consecuencias del El Fenómeno de El Niño (97-98), pero a diferencia de El Niño del 82-83, el del 97-98 no nos tomó por sorpresa. INDECI adoptó medidas preventivas a fines del 97 en los departamentos de Tumbes y Piura, lo que logró mitigar los daños del 98.

A esto se le denominó Fase Preventiva (1997) y estaba constituida por la promulgación de normativas para dar fluidez a los trabajos de reconstrucción, la creación de oficinas de defensa civil en Tumbes, Chiclayo, Trujillo, Ucayali, Tarapoto y Puno, la reubicación de la población situada en zonas vulnerables a zonas seguras. También se ejecutaron obras civiles como defensas ribereñas, limpieza de canales de irrigación y de quebradas secas.

Aún con la prevención, se calcula que los daños ascendieron a 1800 millones de soles. Durante la Fase de Rehabilitación se habilitaron caminos, servicios de agua y desagüe, caminos y puentes con el fin de darle condiciones básicas a la población. La Fase de Reconstrucción fue planificada y lo más importante, se inició al término de las lluvias. La presencia del Estado fue real y constante.  

En junio de 1998, el Gobierno creó el CEREN (Comité Ejecutivo de Reconstrucción de El Niño) con la finalidad de priorizar, coordinar, evaluar y supervisar las acciones de reconstrucción. El CEREN se encargaba de canalizar los pedidos de las regiones y sus autoridades, y supervisaba la ejecución de $120 millones financiados con tesoro público. El MEF, a través de una Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) administraba $300 millones – y su correspondiente contrapartida – provenientes del Banco Mundial y el BID, dándoles viabilidad técnica y económica a los grandes proyectos: caminos rurales, puentes, irrigación, diques, colegios, hospitales, etc.

Al igual que el Presidente de ese entonces, los profesionales del CEREN y de la UCP estaban presentes en todas las regiones a través de viajes de supervisión. El trabajo se realizaba en el campo, no desde el escritorio.  

Ninguna de las dos instancias ejecutaba obras directamente. Estas se hacían a través de los órganos ejecutores de la época: Instituto Nacional de Desarrollo (INADE),  Instituto Nacional de Infraestructura Educativa y Salud (INFES), Proyecto Subsectorial de Irrigación (PSI), Ministerio de Transportes, Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), entre otros. La modalidad de ejecución era por convenio de traspaso de recursos, es decir, los organismos internacionales hacían los desembolsos al MEF, el MEF a través de un convenio asignaba un monto anual a cada órgano ejecutor dependiendo de un plan de trabajo. Los organismos ejecutores realizaban las licitaciones o adjudicaciones directas para contratar a las empresas encargadas de las obras.

Lo que caracterizó a la gestión de esa época fue la planificación, el monitoreo y la rendición de cuentas. El Gobierno sabía exactamente qué distritos fueron afectados, el número de obras a realizar, el sector competente, qué organismo del Estado y qué empresa se encargaban de la reconstrucción. Se conocía con precisión el plazo del término de la obra y cuando podía ser inaugurada. El modelo de gestión funcionó.

Es así que, en el 2000, la UCP recibe el encargo de atender la reconstrucción de los efectos de otros fenómenos naturales como las inundaciones de Piura y el terremoto de Arequipa, ambos con fondos del BID. Desde el MEF se concluyó que era necesario contar con un equipo especializado para liderar la reconstrucción por fenómenos naturales de forma permanente. Pero la idea no prosperó.

Después el 2000: descontrol y falta de prevención, ¿qué hacer?

Luego vino el terremoto de Pisco y el Fenómeno de La Niña, ambos en el 2007, heladas y sequías. En el 2011, mediante la Ley 29664, se crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), “… como un sistema interinstitucional … que tiene la finalidad de identificar y reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos…” (art. 1). La ley menciona que la gestión del riesgo de desastres “… está basada en la investigación científica y de registro de informaciones, y orienta las políticas, estrategias y acciones …” (art 3). Esto lo vuelve parte de la solución al prevenir los riesgos, pero no aporta en temas de planificación y rápida ejecución.

La creación, de carácter temporal, de la RCC no brinda solución al manejo de desastres. Se necesita un ente que viabilice no solo las obras, sino también priorice el manejo de riesgos y minimice la necesidad de planeamiento financiero frente a la reconstrucción. La solución tampoco está en centralizar las acciones en el gobierno nacional, sino en delegar responsabilidades a los gobiernos nacionales y locales. Para ello se requiere diseñar y planificar un sistema nacional que integre políticas públicas, instituciones, normas y mecanismos financieros para abordar la gestión del riesgo de desastres.

Por ejemplo, Argentina, Brasil y Chile tienen sus propios sistemas nacionales de emergencias que coordinan la mitigación de los riesgos y desastres. Todos parten del principio de la delegación de competencias, es decir, los gobiernos subnacionales son quienes se responsabilizan de mitigar sus propios daños. En caso de desastre natural, por ejemplo, la municipalidad afectada pone en práctica su propia respuesta. Dependiendo de la gravedad de desastre y la capacidad de respuesta de la municipalidad, interviene la oficina regional, la federal y, luego, la nacional.

Claro que esto pasa por fortalecer la capacidad de gestión de los gobiernos locales y regionales. Pero la emergencia no avisa. Este gobierno puede y debe generar una reconstrucción con cambio, de la improvisación y temporalidad, a la planificación y prevención.

El Congreso de la República y la formulación de políticas públicas

El Congreso de la República y la formulación de políticas públicas

Los Congresistas cumplen un rol fundamental en la gestión pública. Por una parte,  acercan el Estado a los ciudadanos, reduciendo los riesgos de conflictos sociales. Por otra parte, formulan, evalúan y aprueban en el pleno políticas públicas que posteriormente serán implementadas en beneficio de los ciudadano.

Si bien las propuestas legislativas de los congresistas peruanos presentan una razonabilidad política, carecen de una justificación técnica que permita evaluar su viabilidad y sostenibilidad económica-social antes de se aprobadas.

Por ejemplo, en lo que va del 2017, la Comisión de Educación, Juventud y Deporte ha presentado 82 Proyectos de Ley (PL), 2 de ellas publicados en El Peruano. De las 80 restantes, 12 solicitan la creación de 10 universidades públicas en las regiones de Arequipa, Cusco, Ayacucho, Cajamarca, Puno, Huánuco, Junín y Lima. Además, 1 PL propone la modificación de la ley de creación de la UN Alto Amazonas, con la particularidad que se prescribe la creación de 5 carreras, sin ningún análisis sobre la demanda y pertinencia de las mismas.

quinto post

Si se analiza la justificación de estos PL, se observa por un lado que carecen de un análisis de pertinencia. Por ejemplo, si Cusco ya cuenta con dos universidades públicas, la UN San Antonio de Abad y la UN Intercultural de Quillabamba, llama la atención se proponga una nueva, la UN del VRAEM en La Convención ( PL 1322). Más aún, la recientemente licenciada UN de Huanta tuvo como justificación para la creación, su cercanía al VRAEM y la oferta que brindaría a los jóvenes de esa zona.

En el caso de Arequipa, dos congresistas de distintas bancadas políticas, plantean  crear la UN Luís Duncker Lavalle (PL 1759), que ahora funciona como Conservatorio. En Puno, tres congresistas, dos de ellos de la misma bancada, presentan la UN Aymara (PL 1462), como nueva propuesta educativa. En Junio, la Comisión aprueba los tres PL para la creación de la misma universidad aun cuando, según el mismo texto, no cuenta con la opinión favorable del Minedu. Además de esta universidad, se plantea la creación de  UN Perdo Vilcapaza en la misma región, lo cual incrementaría significativamente la oferta educativa en la región, compuesta ya por dos universidades públicas (UN del Altiplano, y UN de Juliaca), dos privadas privadas (U. Andina N. Cáceres Velásquez, y U. Privada San Carlos de Puno) y filiales de otras casas de estudios.

Por otro lado, los PL no se sustentan en un análisis de eficiencia social. Los Análisis Costo Beneficio (ACB) forman parte de la justificación de cualquier PL. En en estricto, estos deberían evaluar el costo de oportunidad, las ventajas y las desventajas a los que incurre el Estado de aprobarse la norma, así como los beneficios futuros de la alternativa escogida. Al analizar cada PL que propone la creación de universidades, encontramos que todos incluyen la siguiente frase:

La presente iniciativa legislativa no irroga gasto al erario nacional, porque tiene carácter declarativo, que tiene por objeto hacer latente la importancia y necesidad imperiosa de crear una universidad pública…

Como se mencionó en el artículo En seis meses podría incrementarse de 53 a 67 el número de universidades públicas en el Perú ¿Con qué criterios se crean?, las universidades públicas requieren, según la Ley Universitaria, cumplir los siguientes requisitos básicos: (i) garantizar la conveniencia y pertinencia con las políticas nacionales y regionales de la educación universitaria; (ii) vincular la oferta y demanda propuesta a la demanda laboral; y, (iii) demostrar disponibilidad de recursos humanos y económicos para el inicio y sostenibilidad de las actividades proyectadas, que le sean exigibles de acuerdo con su naturaleza. Los PL presentados carecen del análisis del cumplimiento de los mencionados criterios, lo cual también muestra el desconocimiento de la normativa vigente.

Lo descrito anteriormente evidencia la necesidad de dotar al Congreso de herramientas para contar con mayor información e insumos para el análisis de políticas públicas. Existe una iniciativa parlamentaria para crear la Oficina de Estudios Económicos del Congreso de la República (OEC), PL109/2016-CR. Esta tendría la función principal de “brindar soporte a los congresistas y sus asesores en materias vinculadas al ámbito económico en general, y en particular en la elaboración del ACB de sus proyectos de ley en el seno de sus grupos parlamentarios.” La OEC sería independiente y estaría compuesta por un Comité Ejecutivo, un Director Ejecutivo y personal especializado.

Si bien esta iniciativa constituiría un gran avance dadas las condiciones actuales, se requiere una OEC que no solo apoye a los Congresistas, sus asesores, y las Comisiones en la formulación de los ACB, sino también que provea apoyo analítico y técnico en la formulación y análisis de políticas públicas en general, a través del análisis cuantitativo, económico, legal, regulatorio, etc.

Por ejemplo, el Congreso de Estados Unidos cuenta con el Servicio de Investigación del Congreso (CRS por sus siglas en inglés) que asesora en el proceso legislativo a través de la investigación legislativa y el análisis confiable y oportuno. Además, la CRS informa y asesora a los parlamentarios sobre aspectos de políticas públicas locales e internacionales, organiza seminarios y talleres, responde a pedidos especiales, entre otros. Así, la CRS investiga sobre la inestabilidad del Medio Este, la caída de las exportaciones agrícolas, cambios en los préstamos federales estudiantiles, entre otros.

Como sociedad, esperamos que las propuestas legislativas se justifiquen en el análisis de evidencias y de alternativas técnicamente plausibles. De ello depende que tanto las reformas educativas como la de otros sectores sociales se aprueben considerando no solo los intereses políticos y sociales de los partidos de turno, sino también el balance entre los costos y beneficios que devienen de toda inversión pública.

20 universidades públicas en 20 años, ¿necesitamos más?

20 universidades públicas en 20 años, ¿necesitamos más?

En el Perú existen 142 universidades, 89 privadas y 53 públicas. Entre 1999 y el 2011  se crearon 20 universidades. En diciembre 2012 se promulgó la Ley de Moratoria, que impide la creación de universidades y filiales por cinco años para que el Estado defina la ruta para la creación de universidades.  Dicha Ley vence a fines de este año.

Más allá de los criterios básicos que establece la Ley Universitaria, los procedimientos aún no han sido determinados,  por lo que el Congreso podría aprobar la creación de más universidades públicas desde el próximo año, sin mayor filtro que el político.

Grafica 1

Antes de la Ley Universitaria, Ley 30220

Si bien el artículo 5° de la derogada Ley N° 23733, Ley Universitaria, establecía que para la creación de universidades se debía “acreditar previamente su necesidad, así como la disponibilidad de personal docente calificado y los recursos que aseguren la eficiencia de sus servicios”; en la práctica estos criterios no se aplicaban, primando las razones políticas sobre las técnicas.  Las leyes que las creaban determinaban las carreras y, en algunos casos, los recursos necesarios para su implementación.

Sincretismo universitario: Unas sobre las otras

Las universidades públicas veían la luz de varias formas. Algunas se crean sobre la base de terrenos donados (U.N. de Tarma), otras ya cuentan con filiales en su ley de creación (U.N. Intercultural Juan Santos Atahualpa), otras sobre la base de filiales de otras universidades e institutos técnicos y pedagógicos. Este último es el caso más complejo.

Gráfica 2

Por ejemplo, la ley de creación de U.N. Intercultural de Quillabamba (UNIQ) determina que su sede se establece sobre la filial de la U.N. San Antonio de Abad del Cusco (UNSAAC), transfiriéndose incluso el personal docente y administrativo. Al transferirse por ley además del personal, la infraestructura, los recursos ordinarios y del canon a la nueva universidad, también se generan fricciones entre la universidad base y la creada.

La transferencia quedó pendiente pues para que la UNIQ pueda operar, necesita contar con la Licencia Institucional emitida por la Sunedu. La pregunta es: ¿era necesario crear una nueva universidad, en lugar de mantener una filial de la UNSAAC fortalecida? Desde el punto de vista técnico posiblemente la respuesta es no.

La UNIQ es solo un caso. En situación similar se encuentran 10 universidades que se crearon sobre la base de las sedes o filiales de otras universidades (Cuadro 1); así como otras 3 universidades públicas que se crearon sobre la base de Institutos Superiores Tecnológicos e Institutos Pedagógicos (Cuadro 2).

Los criterios de la Ley 30220

El artículo 26 de la Ley Universitaria, publicada en julio de 2014, establece que, en el caso de universidades públicas, los proyectos de ley de creación deben contar con opinión previa favorable del MEF. Asimismo, se incluyen los siguientes requisitos que aplican para las públicas y privadas, los mismos que deben ser verificados en el proceso de licenciamiento:

  • Garantizar la conveniencia y pertinencia con las políticas nacionales y regionales de la educación universitaria
  • Vincular la oferta y demanda propuesta a la demanda laboral
  • Demostrar disponibilidad de recursos humanos y económicos para el inicio y sostenibilidad de las actividades proyectadas, que le sean exigibles de acuerdo a su naturaleza.

Si bien los criterios están definidos, aún se requiere desarrollar los mecanismos o la ruta para la presentación de los proyectos de ley. Por ejemplo, determinar si previa evaluación del MEF, se requiere una opinión favorable del Minedu – recordemos que por Ley este es el promotor de las universidades públicas -.

La pregunta que deberíamos hacernos los peruanos es si es necesario crear más universidades públicas, o si es preferible fortalecer las existentes. Aparentemente el camino iría por la segunda opción, más aún cuando las universidades más antiguas sólo ejecutaron el 75% de su presupuesto en el 2016 y a la fecha ninguna de estas, salvo la U.N. Agraria La Molina, ha obtenido su Licencia Institucional otorgada por la Sunedu.

¿Seguimos creando universidades públicas sin criterios de eficiencia o fortalecemos las que ya existen?

Cuadro 1

Cuadro 2

 

 

 

Los inicios del Licenciamiento en el Perú

 

Cuando la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu) comienza a operar, allá por el primer trimestre de 2015, la oposición política a la Ley Universitaria era más activa y adversa que la de hoy. Se era consciente que parte de la subsistencia de la institución debía lograrse mostrando resultados. Sin embargo, la velocidad a la que iba la gestión ponía en riesgo su propia consolidación. La puesta en marcha del Licenciamiento de universidades, el procedimiento mediante el cual se otorga autorización de funcionamiento, se convirtió en prioridad en la agenda de la gestión del sector educación.

En agosto de 2015, una nueva gestión en la Dirección de Licenciamiento de la Sunedu se inicia con el encargo de diseñar e implementar el Licenciamiento, a la par de reformular  la estructura interna y convocar a los técnicos para gestionar lo que se venía. Se tenían solo dos meses, tiempo record para diseñar el marco regulatorio.

En dicha oportunidad había tres aspectos a tener en cuenta. Primero, existía un desconocimiento por parte del Estado de la situación de todas las universidades y sus estudiantes: ¿cuantos laboratorios existen?, ¿cuál es el nivel de deserción?, ¿cuál es el número de egresados?, ¿cuántas tesis de pregrado se producen por año?, entre otros. Es decir, no se contaba, ni se cuenta al día de hoy, con información oficial sobre la situación de las universidades. Este componente es gravitante si se quiere diseñar una política. En efecto, el último censo de universidades se llevó a cabo en el 2011, cuando varias universidades de las que conocemos hoy –muchas de ellas públicas– no se habían creado. Por lo tanto, el Licenciamiento debía partir en este contexto: se desconocía los efectos que podría implicar poner una “valla alta” a las universidades y sus estudiantes, ante un posible cierre de las casas de estudios.

Segundo, las políticas públicas no pueden nacer de un escritorio, desconociendo la realidad y sin diálogo. Había la necesidad de generar consensos políticos para implementar la política pública, hacerla viable y consolidarla. Los mensajes claros, directos y transparentes son claves. Además de los equipos técnicos que diseñaron la matriz de indicadores de las condiciones básicas de calidad y el procedimiento, se integró un equipo encargado de diseñar una estrategia política, pues éramos consientes que el escenario para implementar esa misión era difícil: Sunedu tenía en el Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad, lo que podía conllevar a un cierre de la institución. Además, las universidades públicas o privadas tampoco estaban a nuestro favor, ni de la Ley. Como consecuencia, ninguna autoridad universitaria dejó de ser atendida en la institución y se dio atención oportuna a todas las universidades por igual.

Tercero, establecer indicadores objetivos, medibles y básicos. En efecto, el Licenciamiento y la Acreditación dos caras complementarias de la calidad aunque distintas: procedimiento obligatorio vs. voluntario, condiciones básicas vs. mejora continua, insumos vs resultados, habilitación vs distinción. Si el Estado no conocía la situación de todas las universidades, ni el impacto que el cierre de algunas por poner la valla alta podía causar, ¿cómo podía calibrar la exigencia? Las condiciones de calidad ya estaban previstas en la Ley, por lo que a partir de ahí había que construir indicadores objetivos y medibles, en la que la discrecionalidad del “par académico”, “evaluador” o “verificador” se minimizara.  En consecuencia, si los resultados eran conocidos por todos, poca resistencia iba a producirse en el sistema.

Teniendo en cuenta estos tres aspectos, con el apoyo de la Alta Dirección del Minedu y Sunedu, y en paralelo a un mapeo de actores y un estudio de percepciones de la Sunedu, se obtuvo un primer borrador de la matriz de indicadores y del procedimiento. Pero no fue un trabajo de gabinete. El proyecto recibió aportes valiosos del Banco Mundial; expertos de los ministerios de educación de Ecuador y Colombia; expertos españoles, chilenos, mejicanos y peruanos. Previa aprobación del Consejo Directivo, validamos y ajustamos la propuesta con el Consejo Nacional de Educación, el Sineace, 33 universidades (públicas y privadas), entre otros. Así se buscó consenso a nivel interno y externos, aprendiendo de los desafíos y limitaciones de sistemas educativos similares y de la realidad de las universidades peruanas contada por sus propios gestores.

El Modelo de Licenciamiento es aprobado por el Consejo Directivo de la Sunedu el 24 de Noviembre de 2015, luego de ajustes a algunos indicadores, conceptos, el cronograma de presentación de las 130 universidades al proceso y la elaboración de los respectivos Reglamentos. En paralelo se elaboraban los formatos y manuales, los mismos que estuvieron listos en la primera quincena de enero de 2016. El primer evento de socialización se realizó el 14 de diciembre de 2015 y en enero de 2016 se inician las capacitaciones a nivel nacional. A junio de 2016, se capacita a aproximadamente 1200 autoridades y personal de las universidades. El resto es conocido.

El esfuerzo que se desplegó desde la Alta Dirección del Ministerio de Educación, la Sunedu y sus técnicos en transparentar la información, capacitando, dialogando y consensuando para una mejor implementación, originó confianza en el sistema universitario. Repuestas claras, oportunas y rápidas. Respeto por la autoridad universitaria y los estudiantes. Buscar el apoyo de las empresas privadas y los organismos internacionales. Se marcó un hito. Era la primera vez que el Estado se acercaba no solo a la universidad pública, sino también a la privada, estableciendo condiciones de calidad para su funcionamiento.

Entre setiembre del 2015 y diciembre 2016,  Sunedu ganó legitimidad y cambió un discurso de coercitivo a uno positivo-constructivo, de mejora de condiciones básicas calidad. El relacionamiento con las universidades permitió, en los primeros meses, reducir la confrontación y viabilizar el diálogo con las autoridades para legitimar el proceso. Eso es política, y es pública porque busca el bien común. Así como no se puede legislar sin conocer la realidad o ignorando el contexto, tampoco se puede diseñar y/o implementar una política pública sin evaluar sus potenciales costos y beneficios, los actores políticos y los riesgos.

Consolidar la institucionalidad del Licenciamiento es una obligación, no solo porque está escrito en la Ley. Existe una responsabilidad ya asumida por el Estado con los estudiantes universitarios, la universidad pública, los docentes, la comunidad científica, etc. Tres años después de la promulgación de la Ley Universitaria, la Sunedu debe estar diseñando la línea de base sobre la información que se encuentren en los expedientes, a fin de evaluar el impacto de la implementación de la Ley en lo que respecta al cumplimiento de las condiciones básicas de calidad; o proponiendo guías metodológicas que orienten a las universidades en el diseño de sus líneas de investigación o procedimientos de evaluación docente. Escuchar a la comunidad universitaria, sin miedo  y generar una dinámica por el bien del sistema logrará la consolidación por la que muchos desde el Minedu, la Sunedu, el Congreso, etc. hemos trabajado.

 

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