64% de los estudiantes de las universidades públicas corren riesgo al cursar estudios en universidades no licenciadas

El Licenciamiento Institucional culmina en el 2019, ¿qué futuro le depara a los jóvenes peruanos cuyas casas de estudios aún no cumplen con las condiciones de calidad?

Tres años después de iniciado el Licenciamiento, 61% de las universidades públicas cuentan con Licencia Institucional, y ninguna ha visto su licencia denegada.[1] En el caso de las privadas, solo el 38% ha obtenido autorización de funcionamiento y 6 están en proceso de cierre.  ¿Es esta una señal de que en el Perú la educación pública universitaria es de mejor calidad? O, por el contrario, ¿se está siendo más rigurosos con las universidades privadas?

Del total de alumnos de 49 universidades públicas, solo el 36% estudia en universidades licenciadas. Es decir, después de tres años de haberse iniciado el proceso, 64% de los estudiantes están en riesgo de cursar estudios en universidades no licenciadas.[2] Este es un hecho que debe ser analizado con la seriedad que amerita tanto por las universidades como por el Ministerio de Educación, a fin de reducir las consecuencias de un cierre en el futuro no solo sus estudiantes, sino también de la empleabilidad de sus egresados.

El plazo contemplado para la evaluación de expedientes fue de 120 días hábiles, sin embargo, las universidades han excedido el tiempo previsto para cumplir con las condiciones de calidad. Por ejemplo, 6 universidades públicas que iniciaron el proceso en el 2016 aún no logran cumplir con las condiciones de calidad requeridas. El cronograma de presentación de expedientes se estructuró por antigüedad y por nivel de institucionalización.[3] Es decir, las universidades de los primeros grupos debieron cumplir con los estándares de calidad al contar con mayor antigüedad y prestigio.

Sin embargo, esta premisa no se cumple para algunas universidades públicas. Por ejemplo, la UN San Antonio de Abad del Cusco, con más de 360 años de antigüedad, considerada como emblemática por la Ley Universitaria, y que además ha recibido transferencias del Minedu para mejorar sus condiciones de calidad, aún no cuenta con Licencia. ¿Cómo se llegó a esta situación?

La Universidad inició su proceso de Licenciamiento el 26 febrero 2016. El 6 de noviembre de 2017 la Sunedu aprobó la segunda versión de su plan de trabajo para cumplir con los indicadores de calidad, conocido como el Plan de Adecuación (PDA).[4] Tres años después, la página web de la Sunedu muestra que aún se encuentra en la etapa de Verificación Presencial.

¿Cuál es la causa de esta paralización? Es conocido que la universidad ha atravesado por una serie de disputas internas que no posibilitó la agilización de cambios normativos y de organización, así como de adecuación de la infraestructura, una situación muy común en las universidades públicas.

De la misma manera, la UN De Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta presentó su expediente el 17 de octubre de 2016, dos años después, 17 de setiembre de 2018 Sunedu aprueba su  PDA.[5] De acuerdo a la página web de la Sunedu, esta universidad sigue implementando su plan de trabajo que le permitiría cumplir con los estándares de calidad.

En principio, el Modelo de Licenciamiento evalúa los mismos indicadores tanto a universidades públicas como privadas. Así, el Estado tiene la potestad de denegar la autorización de funcionamiento a un proyecto de universidad que no sea consistente con la oferta educativa de su área de influencia o no tenga el sustento de demanda pertinente. Esto permite reducir una expansión de la oferta de universidades públicas creadas, principalmente, por intereses políticos ya sea de congresistas, gobernadores regionales, alcaldes, etc.

De existir un sesgo en la evaluación, evitando el cierre de las universidades públicas, se estaría afectando el futuro de los estudiantes. Por ejemplo, una universidad que no logra organizarse internamente para modificar su normativa y demostrar que cumple con las CBC en el tiempo estipulado, independientemente del tipo de gestión, debería ver su licencia denegada. Otro caso es el de universidades públicas que al inicio del proceso de Licenciamiento contaban solo con ley de creación. ¿Tiene sentido contar con dos o tres universidades públicas ubicadas en la misma provincia y que cuenten con las mismas carreras? Si se quiere construir una gestión educativa eficiente, la respuesta es no.

Veamos el ejemplo de la UN Mayor de San Marcos. La universidad pública más importante del Perú cuenta con una plana de 2931 docentes, 47% de ellos con el grado de Bachiller.[6] ¿Podemos hablar de una carrera docente meritocrática cuando 750 fueron nombrados docentes ordinarios principales y asociados, contando solo con el grado de Bachiller? De la Resolución que otorga la licencia, no se observa recomendaciones para elevar el grado académico de sus docentes de manera que esté más acorde con los estándares internacionales, más aún cuando el plazo de adecuación de los docentes a la Ley Universitaria vence en noviembre de 2021.[7]

Por lo tanto, de realizar una evaluación objetiva y basada únicamente en resultados, debemos esperar universidades públicas cerradas este año. Hasta el momento, son 4353 estudiantes de las 6 universidades privadas que cesarán actividades los que serán trasladados. Esto equivale a solo el 0.3% del total del número de alumnos matriculados en universidades públicas y privadas. Si bien en términos relativos, el impacto del cese de actividades de las universidades aún no es significativo, se espera que al cierre del 2019 la proporción se incremente, más aún si está pendiente la evaluación de expedientes de universidades rezagadas.

Fuera de las estadísticas, estamos hablando del futuro de los estudiantes y los sueños de miles de familias. No cerrar una universidad pública que no cumpla con las condiciones requeridas va en contra del objetivo del Estado Peruano de promover una educación superior de calidad. Pensemos que fuera de las estadísticas, los estudiantes y sus proyectos de vida están en manos de funcionarios que pueden marcar una diferencia.


[1] 145 universidades e instituciones de estudios de posgrado se vienen evaluando en el marco del Licenciamiento Institucional desde inicios del 2016, de ellos 49 son públicas. Estadísticas del Sunedu  https://www.sunedu.gob.pe/sibe/ Fecha de acceso: 29 de marzo 2019.

[2] De acuerdo a cifras oficiales, la educación universitaria pública cubre el 27% de la demanda total educativa, medida en términos de alumnos matriculados al 2016. Fuente: Estadísticas del Sunedu: https://www.sunedu.gob.pe/sibe/. Fecha de acceso: 29 de marzo 2019.

[3] Autorización definitiva o provisional emitida por la CONAFU, antecedente de la Sunedu.

[4] https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-plan-de-adecuacion-presentado-por-la-universidad-na-resolucion-no-058-2017-suneducd-1584360-1/

[5] https://intranet.sunedu.gob.pe/documentos/directorios/290/resolucion_consejo_directivo_120-2018-resuelve-aprobar-pda-unegv.pdf

[6] RCD Nº 036-2018-SUNEDU/CD, publicada el 4 de abril de 2018. Del total, 11 docentes fueron contratados en el 2017. El resto son docentes ordinarios. La UNMSM no cuenta con docentes extraordinarios acorde con la resolución.

[7] Los docentes que no cuenten con Maestría no podrán ser contratados como tales después de noviembre 2021.

Destacado

El Género en el Currículo Nacional

¿Es
conveniente para nuestros niños incluirlo?

Se acusa al Minedu de querer “sexualizar” la educación de nuestros niños. Algunos padres de familia y miembros de la Iglesia Católica aseguran que fomenta la homosexualidad al estar orientando a los niños a que “construyan su opción sexual” a una edad temprana,.[1] Incluso, se ha mencionado que el enfoque de género “desnaturaliza al ser humano” y que “el Estado no se puede meter en la vida de las personas”,[2] ante lo cual demandan su exclusión del Currículo Nacional (CN).

Como madre de dos niños en edad escolar, me preocupa los estándares bajo los cuales se impartirá la enseñanza en el aula. Por ello, revisé tanto el CN de la Educación Básica, como el de Primaria y Secundaria, a fin de evaluar qué tan dañino es para mis hijos y determinar si es conveniente para nuestros niños incluir el enfoque de género.

A continuación, algunas conclusiones:

1. El concepto de género permite entender que existen diferencias culturales entre hombres y mujeres. Estas diferencias de ser perjudiciales, pueden cambiarse

El género es definido en el CN como roles y conductas que se atribuyen a hombres y mujeres. Entonces, es una definición cultural más no exclusivamente biológica. Por ejemplo: “mamá debe cuidar a los niños, porque es mujer y la mujer cuida niños; y papá lleva plata a la casa”; mientras que el sexo son las características físicas biológicas, anatómicas y fisiológicas de los seres humanos, que los definen como hombre o mujer.

Es una realidad que hombres y mujeres nos comportamos de manera distinta y que ese comportamiento se forma en la familia y trasciende a la escuela y la sociedad. Si el niño aprende en casa que los hombres no lloran, ese concepto lo llevará a la escuela y luego a su vida de adulto, convirtiéndose en un individuo que muy probablemente no pueda expresar sus emociones.

El problema se origina cuando estas diferencias culturales no no permiten realizarnos, ya sea en lo emocional o laboralmente. Incluir el concepto de género nos hace conscientes que, si bien existen diferencias culturales entre hombres y mujeres, podemos cambiarlas para generar relaciones más igualitarias, respetando nuestras diferencias y teniendo las mismas oportunidades para lograr nuestras metas.

2. El enfoque igualdad de género[3] permite dar igual valor a los derechos, deberes y oportunidades entre hombres y mujeres.

El enfoque igualdad de género no es otra cosa que darle igual valor a los diferentes comportamientos, aspiraciones y necesidades de mujeres y varones. Es decir, hombres y mujeres tienen los mismos derechos, deberes y oportunidades para llegar a donde quieran estar. No hay diferencias, en el sentido que todos tenemos la oportunidad de contribuir con el desarrollo del país y beneficiarnos por nuestro trabajo.

El CN señala que

desde que nacemos, y a lo largo de nuestras vidas, la sociedad nos comunica constantemente qué actitudes y roles se esperan de nosotros como hombres y como mujeres. Algunos de estos roles asignados, sin embargo, se traducen en desigualdades que afectan los derechos de las personas, como por ejemplo cuando el cuidado doméstico asociado principalmente a las mujeres se transforma en una razón para que una estudiante deje la escuela

Currículo Nacional, pág. 23

Agrega que este enfoque permite dar herramientas a docentes y directivos para fomentar la asistencia de las estudiantes gestantes o padres de familia o que se analice en clase los prejuicios entre géneros: ¿las mujeres limpian mejor? ¿los hombres no son sensibles? ¿las mujeres tienen menor capacidad para aprender matemáticas y ciencias?

3. Al egresar de la escuela, el estudiante es capaz de construir su identidad, se quiere y valora íntegramente.

Uno de los aspectos que nos interesa como papás es saber cómo egresan nuestros hijos de la escuela. Dentro de las varias competencias que adquiere el egresado, se encuentra la de construir su identidad; es decir,

el estudiante conoce y valora su cuerpo, su forma de sentir, de pensar y de actuar desde el reconocimiento de las distintas identidades que lo definen (histórica, étnica, social, sexual, cultural, de género, ambiental, entre otras).

Currículo Nacional, Pág. 26

Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades: (i) se valora a sí mismo, (ii) autorregula sus emociones, (iii) reflexiona y argumenta éticamente, (iv) vive su sexualidad[4] de manera integral y responsable de acuerdo con su etapa de desarrollo y madurez. Es quizás esta última competencia la más compleja de entender:

[…] es tomar conciencia de sí mismo como como hombre o mujeres, a partir del desarrollo de su imagen corporal su identidad sexual y de género, y mediante el conocimiento y valoración de su cuerpo. Supone establecer relaciones de igualdad entre mujeres y hombres, así como relaciones afectivas armoniosas y libres de violencia. También implica identificar y poner en práctica conductas de autocuidado frente a situaciones que ponen en riesgo su bienestar o que vulneran sus derechos sexuales y reproductivos. (subrayado nuestro)

Currículo Nacional, Pág. 54

Dicho en otras palabras, la escuela debe brindar herramientas para que el estudiante tome conciencia de quien es, desde su identidad sexual (como se identifica físicamente, sea hombre o mujer) o desde su identidad de género (como se siente, define y expresa socialmente). Vivir una sexualidad responsable implica entender que las personas establezcamos relaciones de igualdad y sin violencia.

¿Es conveniente incluir el enfoque de género en el CN? Incluyéndolo podremos formar una sociedad sin violencia, que respete, en la que hombres y mujeres tengan las mismas herramientas para alcanzar sus sueños. A través de la lectura a los currículos específicos (Primaria y Secundaria) no se advierte que se esté orientando a niños y jóvenes a construir una orientación sexual determinada, ni que se esté forzando a seguir un comportamiento determinado. Se le está dando a nuestros chicos herramientas de respeto, responsabilidad, democracia, identidad, autonomía, etc.

Es un hecho que la construcción de la identidad de género empieza por casa y es más compleja de lo que uno se puede imaginar. La escuela no reemplazará al hogar, complementará lo que el estudiante vea en casa, y gracias a las competencias adquiridas logrará generar su propia identidad, en una comunidad escolar que respete y tolere las diferencias, donde todos sean vistos y valorados por igual.


[1] https://ojo.pe/actualidad/juan-luis-cipriani-cuestiona-el-enfoque-de-genero-del-curriculo-nacional-270582/

[2] https://peru21.pe/lima/colectivo-mis-hijos-metas-hara-planton-plaza-san-martin-440460

[3] El CN tiene 7 enfoques transversales, además de la igualdad de género. (i) Inclusivo o de Atención a la diversidad; (ii) Derechos; (iii) Intercultural; (iv) Ambiental; (v) Orientación al bien común; y, (vi) Búsqueda de la Excelencia.

[4] La sexualidad no es otra cosa, de acuerdo al CN, la integración de una serie de esferas del individuo como la biológica, reproductiva, afectiva, moral; la expresamos a través de la familia, reproducción, el amor, la relación con los demás, etc. Una sexualidad sana nos fortalece como persona y nos permite construir relaciones sanas, respetuosas y democráticas.



Destacado

Hacia una gestión menos discrecional, ágil y efectiva: Licenciamiento de Programas de Medicina

El 16 de enero vence el plazo para dar aportes al Modelo de Licenciamiento y su Reglamento

Si bien en el post anterior se sugirió esperar la consolidación del Licenciamiento Institucional (LI) antes de implementar el Licenciamiento del Programa de Medicina (LPM), ahora el objetivo es dar algunas recomendaciones con el fin de aportar mejoras que permitan una implementación costo-efectiva, poco burocrática y lo menos discrecional posible.

Del análisis del Modelo y su Reglamento pre-publicados en la página web de la Sunedu, se desprenden los siguientes aspectos:

1. Equipo Evaluador que incluye dos médicos, ¿cuál será el perfil y/o modalidad de contratación?

El reglamento menciona que “el equipo estará conformado por 4 evaluadores, de los cuáles 2 como mínimo deben ser médicos” (Art. 7). Podría agregarse que, entre otras:

  • Los evaluadores sean egresados de universidades licenciadas.
  • Los evaluadores no tengan relación laboral con universidades en evaluación.
  • Los médicos integrantes del equipo tengan el grado de maestría o segunda especialidad – que es el mínimo exigible para los docentes-.

Los médicos evaluadores ¿serán contratados a tiempo completo, dejando la práctica de la Medicina a un lado, o serán contratados por producto? ¿integrarán la Comisión que visitará a las universidades? Dada la naturaleza y complejidad del mundo académico, es de suponer que las Escuelas de Medicina esperen ser evaluados por profesionales percibidos como pares a nivel académico y de formación.

En este sentido, al ser los indicadores más exigentes aun que los verificados en el LI,[1] es de esperar un perfil elevado y acreditado de especialistas que se comuniquen con la comunidad médica en el mismo lenguaje técnico. Es por ello que se recomienda a la Sunedu que estos evaluadores integren la Comisión.

2. .Plazo de 90 días hábiles, ¿es suficiente?

A diferencia del LI cuyo plazo de 120 días hábiles por universidad, el Reglamento presentado establece 90 días hábiles (Art. 9) para este procedimiento. A simple vista, es razonable deducir que la revisión del expediente de un programa tome menos tiempo que el de una universidad. Sin embargo, resulta a estas alturas apresurado definir un plazo sin presentar mayor análisis cuando ya se cuenta con información suficiente sobre los retrasos del licenciamiento institucional, cuyos 120 días hábiles resultaron insuficientes.

Por ejemplo, la Universidad Nacional San Antonio de Abad (Cusco) presentó su expediente en enero del 2016 y aún está en Plazo de Adecuación. Obviamente, el plazo que le toma a una universidad licenciarse depende de su complejidad considerando el número de programas, locales, filiales, etc. La justificación del plazo no ha sido considerada, lo cual abre la posibilidad de evaluar la decisión, plantear tiempos razonables y operativamente reales para el funcionamiento del Estado

3. Silencio Administrativo Negativo

Otra diferencia considerable respecto al LI es la aplicación del silencio administrativo negativo (Art. 9.2), es decir, pasados los 90 días hábiles las universidades pueden asumir que su solicitud fue denegada e iniciar un recurso de reconsideración.[2]

Si bien las consecuencias de la administración del silencio administrativo deberían analizarse más desde el punto de vista legal, llama la atención que los recursos de reconsideración sean resueltos por el Consejo Directivo (CD), o sea en casa (Art. 21).

Dada la experiencia previa del LI habrá una curva de aprendizaje institucional, lo que lleva a mayores plazos de evaluación y errores previsibles en la aplicación. La responsabilidad de la evaluación recae en los especialistas o equipo de evaluación (Art.7), por lo que la responsabilidad del silencio administrativo recaerá en dicho equipo, poniendo al ente técnico en una posición vulnerable frente a las demandas de las universidades.

4. Dos Etapas: Verificación Integral y Emisión de la Resolución

En el nuevo procedimiento, las visitas pueden efectuarse a lo largo del procedimiento o en paralelo (Art 14).[3] Al funcionar dos etapas ya conocidas en el LI, Revisión Documentaria y Verificación Presencial permitirá a la Sunedu, en menor plazo, iniciar la visita en universidades que “aparentemente” no cumplen con las condiciones establecidas. Con ello esperaríamos ver más programas de Medicina en plazo de adecuación con mayor prontitud que lo reportado en el LI.

Habría que analizar si la reagrupación de etapas, ya conocidas por las universidades, es favorable para la implementación del nuevo procedimiento.

Es trabajo de las universidades, gremios y especialistas en el tema en contribuir con iniciativas que permitan mejorar al diseño del Modelo y su Reglamento. Esperamos hagan públicas sus recomendaciones en favor del sistema, y principalmente, de los estudiante.


[1] De acuerdo al Modelo pre-publicado por la Sunedu (pp. 30), algunos de los indicadores requieren no solo una verificación de cumplimiento, con consideraciones de evaluación claros y objetivos, sino también una evaluación en la cual el juicio de valor de quien evalúa influiría en el resultado. Por ejemplo: “… las facultades o escuelas de medicina tengan una estructura con suficiente autonomía y organización para garantizar que las autoridades pueda ser responsabilizadas y puedan tener suficiente control…”, o, “concordancia entre la estructura curricular y su perfil de egreso, y las habilidades y conocimientos que allí se detallan”

[2] Ello no implica una denegación de facto, pues el Consejo Directivo de la Sunedu podría otorgar la Licencia pasado el plazo señalado.

[3] Asimismo, el Reglamento no menciona plazos por etapas, a diferencia del LI en el que las tres etapas: Revisión Documentaria, Verificación Presencial y Emisión de la Resolución, contaban con 60, 30 y 30 días hábiles, respectivamente.

Destacado

Una mirada hacia atrás vale más que una hacia adelante: sobre el contexto del Licenciamiento de Medicina

El proceso para seis universidades peruanas se iniciará en Mayo 2019

Con 59 universidades y 2 institutos de posgrados licenciados, así como 4 denegatorias,[1] la Sunedu lanza a consulta su primer licenciamiento de programas, iniciando con el de Medicina.

Si bien el Modelo, publicado en diciembre de 2018, indica algunos de los motivos –innegables – por los cuáles es necesario certificar condiciones básicas para esta carrera (como los bajos promedios en el Examen Nacional de Medicina (ENAM), el crecimiento exponencial de los programas de medicina desde el 2006 – coincidentemente con publicación de la Ley que da vida al Sineace, Sistema Nacional de Acreditación y Evaluación[2], entre otros), no queda claro el por qué su priorización por sobre otras carreras también trascendentes para la sociedad, como son educación o ingeniería civil, por nombrar algunas.

Ahora bien, sería interesante conocer cuál será la estrategia general de Sunedu para implementar el Licenciamiento de programas, ¿se continuará licenciando el resto de programas de acreditación obligatoria, como son enfermería, obstetricia, educación y derecho para empezar? ¿cuál es el criterio general para la priorización: aquellas carreras que cuenten con mayor número de programas, matrícula, bajo nivel de titulados/egresados? ¿existe un ranking al respecto?

Por ejemplo, a pesar que el número de programas de educación es significativamente mayor, se priorizó Medicina como la primera carrera que requerirá licenciamiento, por lo que quizás hubo otras consideraciones que sería bueno la Sunedu ponga sobre la mesa.

Las lecciones aprendidas de los procesos de acreditación en el Perú han sido obviadas en el Modelo. Tanto desde el punto de vista técnico – es decir, si las dimensiones e indicadores de la acreditación por programas del modelo de acreditación anterior fueron o no adecuadas para evaluar Medicina – como operativo – si la evaluación terciarizada es la más adecuada frente al de la gestión de Sunedu que incluye staff contratado por contratos CAS o por Ordenes de Servicios.

Otra pregunta que surge en el documento es ¿cuál es el balance respecto de los procesos de autoevaluación de los programas de medicina que no lograron acreditarse? ¿cuáles son las mayores dificultades que enfrentaron las facultades o áreas académicas para acreditar Medicina? ¿Porqué por ejemplo la UN Mayor de San Marcos no ha acreditado a la fecha su programa de Medicina? Si bien Sunedu hace una interesante descripción de los procesos de acreditación a nivel internacional, desconoce los aciertos y desaciertos de la acreditación de Medicina efectuada por el Sineace a nivel nacional, una práctica saludable pues permite internalizar en el modelo potenciales dificultades.

A la fecha, 197 programas universitarios cuentan con la acreditación vigente del Sineace. Si bien el ratio es bajo (0.07%), considerando que los programas ofertados en el Perú suman 2920[3], este no es preocupante dado que la acreditación es voluntaria. Sin embargo, al considerar los que requieren acreditación obligatoria (salud, educación y derecho) notamos que solo 58 de 665[4] (8.72%) cuentan con acreditaciones vigentes (6 en medicina, 12 en derecho y enfermería, 40 en educación). Si bien Sineace enfrentó dificultades iniciales en su estructura que no permitieron mayores avances, sí llama la atención el bajo número de programas de Medicina que lograron su acreditación (6 de 76), y que era de esperarse, sea presentado en el Modelo.

Llama más aún la atención la escasa mirada sistémica del sector. De acuerdo a la Política de Aseguramiento de la Calidad, el Licenciamiento es el peldaño inicial (básico) que permite construir los cimientos hacia la calidad (Acreditación). De acuerdo al Modelo publicado, Sunedu no reconoce la acreditación ya otorgada por el Sineace a 4 de las 6 universidades incluidas en su plan de implementación progresiva (UP Cayetano Heredia, UP Antenor Orrego, UP Ciencias Aplicadas, U Ricardo Palma). Es decir, si el programa ya obtuvo una acreditación, ¿Por qué someter a la universidad al procedimiento? o ¿Es que se está desconociendo la acreditación que el Sineace otorgó a nombre de la nación?

Por otro lado, existen 16 programas de Medicina en pleno proceso de autoevaluación[5] esfuerzo que no será reconocido puesto que el Licenciamiento será requerido como condición necesaria para la Acreditación. Esperamos que el Ministerio de Educación, como ente rector del sector educación, presente un esquema que oriente a las universidades en los siguientes pasos con el fin de acompañar la reforma ordenadamente y con el tiempo suficiente para adecuarse a las condiciones. Con la experiencia del primer Licenciamiento, iniciar en mayo con el Licenciamiento de Medicina, parece apresurado.

 

[1] Fuente: www.sunedu.gob.pe

[2] Creada en el 2006 entró en proceso de reorganización en julio del 2014 con la promulgación de la Ley Universitaria (la Décimo Segunda Disposición Complementaria Transitoria, ordena su reorganización). Cuatro años después, se aprueba en la Comisión de Educación el dictamen de la Ley de reorganización del Sineace (04.06.2018), quedando pendiente a la fecha su presentación en el pleno.

[3] Fuente: www.ponteencarrera.pe

[4] Considera enfermería, medicina, educación y derecho ofrecidos en filiales y sedes, por lo que pueden presentarse carreras repetidas.

[5] UP Tacna (Tacna), UNMSM (Lima), UCesar Vallejo (La Libertad y Piura), UN San Agustín, UN San Luis Gonzaga (Ica), UN del Centro del Perú (Junín), Científica (Lima), U San Pedro (Ancash), UN Trujillo (La Libertad), UN Cajamarca (Cajamarca), UN del Altiplano (Puno), UN José Faustino Sánchez Carrión (Lima), UN San Antonio de Abad (Cusco) y UN de San Martín (San Martín).

Objetivamente, ¿por qué darle el SI a una nueva Ley de Moratoria para la creación de universidades?

Ninguna autoridad del sector educación ha sabido explicar por qué no es conveniente crear más universidades públicas. Se desconoce el número, tipo (de investigación o profesionalizantes), la ubicación en el territorio nacional, además de otros aspectos como el perfil de los egresados que requiere el mercado laboral, de las tasas de deserción, repitencia, etc.

Tampoco contamos con un ranking oficial de universidades nacionales o con un censo universitario (el último se realizó en el 2011) que ayude a tomar decisiones sobre la base de información tangible y no de suposiciones o prejuicios, que priman en el debate actual.

Un caso que permite comprender, y hasta cierto punto anticipar los resultados de un posible incremento de universidades públicas, es el desempeño de las universidades públicas con ley de creación (ULC) en implementación. Al 2018 existen 9 ULC, es decir universidades sin autorización de funcionamiento otorgada por Conafu y que, por lo tanto, no cuentan con autonomía universitaria. Estas universidades son gestionadas bajo la supervisión del Viceministerio de Gestión Pedagógica y la Dirección General Superior Universitaria (DIGESU) del Minedu, quienes convocan y eligen a los responsables de implementar las universidades.

En el 2017, de los S/. 4,687 millones que recibieron las 48 universidades, S/. 128 millones (2.7%) se presupuestaron para implementar las 7 que aún cuentan con ley de creación, de acuerdo al cuadro adjunto. [1] El presupuesto se vio incrementado en el segundo semestre del año debido a la inclusión de la UN Autónoma de Tayacaja Daniel Hernandez Morillo (Huancavelica) y la UN Ciro Alegría (La Libertad), que recibieron S/. 2.6 y S/. 63.1 millones, respectivamente.

1ero2018

Las ULC muestran bajos niveles de ejecución presupuestaria por toda fuente. En promedio ejecutaron solo el 26.3% de su presupuesto, muy por debajo del promedio nacional (81.7%), y se explica principalmente por la baja ejecución de la UN Ciro Alegría – La Libertad – (1%) y la UN Intercultural de Quillabamba – Cusco – (34%). Casualmente ambas financian sus presupuestos a través del Canon (99% y 90% respectivamente). La primera estableció en julio del 2017 su primera Comisión Organizadora (CO) por lo que su incorporación al presupuesto es reciente.

Solo una ULC fue licenciada por la Sunedu en el 2017.  A la entrada en vigencia del Modelo de Licenciamiento en noviembre de 2015, la única universidad que ha logrado el Licenciamiento fueron la UN Autónoma de Huanta (Ayacucho). Esta universidad, que cuenta con 30 alumnos y está ubicada a una hora de la UN San Cristóbal de Huamanga (Ayacucho), mostró un bajo nivel de ejecución presupuestal en el 2017 (43.7%), lo que evidencia una lenta ejecución del Proyecto Institucional Universitario aprobado por el Minedu.

Por otro lado, la UN Intercultural De La Selva Central Juan Santos Atahualpa (Junín), que cuenta con tres filiales (Satipo, La Merced y Pichanaki) y es financiada en un 44% con los recursos del canon, mostró una ejecución presupuestal del 64%. Es la única ULC que ha pasado a la etapa de verificación presencial del procedimiento de Licenciamiento lo que indicaría que tiene altas probabilidades de ser la tercera universidad licenciada de este grupo. Del resto, 3 universidades están en la fase de revisión documentaria (Ciro Algría, Tarma y Tayacaja), 2 han recibido observaciones a su expediente (UN Quillabamba y UN Fabiola Salazar).[2]

El proceso de constitución de las ULC toma más tiempo que el esperado de acuerdo al marco normativo previo de la Conafu (5 años).  Las CO que implementan las ULC son afligidas por las mismas debilidades del sector público a nivel central y regional: inadecuada burocracia, falta de incentivos y meritocracia, instrumentos de gestión, recursos humanos, entre otros.

Estas 7 universidades fueron creadas entre el 2010 y el 2011 y la falta de cuadros gerenciales y académicos hace que sus proyectos educativos no tomen la forma que se requiere para alcanzar el Licenciamiento. Asimismo, llevan 6 años promedio en implementación y no logran desarrollar un proyecto educativo acorde con la normativa vigente. Recién con la creación de la DIGESU en el 2015, el sector brindó limitada asistencia técnica a las CO con el fin de agilizar sus procesos, actividad que la gestión del Ministro Vexler debería continuar y fortalecer.

Cercanía territorial con otras universidades públicas. En un artículo anterior se expuso sobre el poco criterio que tiene el Congreso para aprobar la creación de universidades públicas, muchas de ellas a escasa distancia de otras universidades, o sobre la  base de filiales de otras universidades públicas.  

Por ejemplo, la ley de creación de U.N. Intercultural de Quillabamba (UNIQ) determina que su sede se establece sobre la filial de la U.N. San Antonio de Abad del Cusco (UNSAAC), transfiriéndose incluso el personal docente, administrativo y la infraestructura. La pregunta que se planteaba en el citado artículo fue ¿era necesario crear una nueva universidad, en lugar de mantener una filial de la UNSAAC fortalecida? Desde el punto de vista técnico posiblemente la respuesta es no.

Este es el caso de la UN Autónoma de Huanta, que estando a una hora de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, fue licenciada por la Sunedu en parte por la presión política que se ejerció ante los organismos responsables del tema. Por otro lado, en enero del 2018, se presentó un proyecto de ley para la creación de la Universidad Nacional Tecnológica de Chincha, sin un análisis de costo beneficio o estudio de oferta que la Ley Universitaria exige.

En este contexto, llama la atención que el Minedu no haya sentado posición técnica sobre la problemática de la creación de universidades públicas. Analizando la baja ejecución presupuestal y la débil gestión de este grupo de universidades podemos concluir que el Estado ha demostrado no ser un buen promotor de la educación universitaria. De no aprobarse una nueva ley de moratoria confirmaría que los intereses políticos siguen primando para crear universidades públicas aun cuando el presupuesto y la capacidad de gestión son limitados. Seguir leyendo “Objetivamente, ¿por qué darle el SI a una nueva Ley de Moratoria para la creación de universidades?”

Reconstrucción, con cambios?

En respuesta a los desastres del El Niño Costero del 2017, el 28 de abril de este año se crea la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (RCC), entidad adscrita a la PCM, de carácter excepcional y temporal. El Plan de reconstrucción se elaboró luego de meses de ocurrida la emergencia, las obras de prevención para el siguiente periodo de lluvias se inician tímidamente y la reconstrucción no avanza. Se percibe inacción e indiferencia por parte del Estado y cientos de damnificados empiezan a salir a las calles a protestar.

No es novedad que durante el primer trimestre de todos los años llueva torrencialmente en el norte, se produzcan sequias y el sur se vea afectado por las heladas. La intensidad puede ser mayor o menor y, dependiendo de la valoración de los daños, se inician proyectos de infraestructura, algunas veces financiados con recursos de la cooperación internacional. Sumado a esto, al ser un país sísmico, se requiere contar con un plan de contingencia para enfrentar las emergencias. Entonces, ¿por qué crear un organismo de carácter excepcional y temporal?

Respuesta del Estado ante los fenómenos naturales de los 90s: planificación, monitoreo y la rendición de cuentas

Y es que no aprendemos de nuestras propias buenas prácticas. Hace 20 años exactamente, el Perú enfrentó las nefastas consecuencias del El Fenómeno de El Niño (97-98), pero a diferencia de El Niño del 82-83, el del 97-98 no nos tomó por sorpresa. INDECI adoptó medidas preventivas a fines del 97 en los departamentos de Tumbes y Piura, lo que logró mitigar los daños del 98.

A esto se le denominó Fase Preventiva (1997) y estaba constituida por la promulgación de normativas para dar fluidez a los trabajos de reconstrucción, la creación de oficinas de defensa civil en Tumbes, Chiclayo, Trujillo, Ucayali, Tarapoto y Puno, la reubicación de la población situada en zonas vulnerables a zonas seguras. También se ejecutaron obras civiles como defensas ribereñas, limpieza de canales de irrigación y de quebradas secas.

Aún con la prevención, se calcula que los daños ascendieron a 1800 millones de soles. Durante la Fase de Rehabilitación se habilitaron caminos, servicios de agua y desagüe, caminos y puentes con el fin de darle condiciones básicas a la población. La Fase de Reconstrucción fue planificada y lo más importante, se inició al término de las lluvias. La presencia del Estado fue real y constante.  

En junio de 1998, el Gobierno creó el CEREN (Comité Ejecutivo de Reconstrucción de El Niño) con la finalidad de priorizar, coordinar, evaluar y supervisar las acciones de reconstrucción. El CEREN se encargaba de canalizar los pedidos de las regiones y sus autoridades, y supervisaba la ejecución de $120 millones financiados con tesoro público. El MEF, a través de una Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) administraba $300 millones – y su correspondiente contrapartida – provenientes del Banco Mundial y el BID, dándoles viabilidad técnica y económica a los grandes proyectos: caminos rurales, puentes, irrigación, diques, colegios, hospitales, etc.

Al igual que el Presidente de ese entonces, los profesionales del CEREN y de la UCP estaban presentes en todas las regiones a través de viajes de supervisión. El trabajo se realizaba en el campo, no desde el escritorio.  

Ninguna de las dos instancias ejecutaba obras directamente. Estas se hacían a través de los órganos ejecutores de la época: Instituto Nacional de Desarrollo (INADE),  Instituto Nacional de Infraestructura Educativa y Salud (INFES), Proyecto Subsectorial de Irrigación (PSI), Ministerio de Transportes, Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), entre otros. La modalidad de ejecución era por convenio de traspaso de recursos, es decir, los organismos internacionales hacían los desembolsos al MEF, el MEF a través de un convenio asignaba un monto anual a cada órgano ejecutor dependiendo de un plan de trabajo. Los organismos ejecutores realizaban las licitaciones o adjudicaciones directas para contratar a las empresas encargadas de las obras.

Lo que caracterizó a la gestión de esa época fue la planificación, el monitoreo y la rendición de cuentas. El Gobierno sabía exactamente qué distritos fueron afectados, el número de obras a realizar, el sector competente, qué organismo del Estado y qué empresa se encargaban de la reconstrucción. Se conocía con precisión el plazo del término de la obra y cuando podía ser inaugurada. El modelo de gestión funcionó.

Es así que, en el 2000, la UCP recibe el encargo de atender la reconstrucción de los efectos de otros fenómenos naturales como las inundaciones de Piura y el terremoto de Arequipa, ambos con fondos del BID. Desde el MEF se concluyó que era necesario contar con un equipo especializado para liderar la reconstrucción por fenómenos naturales de forma permanente. Pero la idea no prosperó.

Después el 2000: descontrol y falta de prevención, ¿qué hacer?

Luego vino el terremoto de Pisco y el Fenómeno de La Niña, ambos en el 2007, heladas y sequías. En el 2011, mediante la Ley 29664, se crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), “… como un sistema interinstitucional … que tiene la finalidad de identificar y reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos…” (art. 1). La ley menciona que la gestión del riesgo de desastres “… está basada en la investigación científica y de registro de informaciones, y orienta las políticas, estrategias y acciones …” (art 3). Esto lo vuelve parte de la solución al prevenir los riesgos, pero no aporta en temas de planificación y rápida ejecución.

La creación, de carácter temporal, de la RCC no brinda solución al manejo de desastres. Se necesita un ente que viabilice no solo las obras, sino también priorice el manejo de riesgos y minimice la necesidad de planeamiento financiero frente a la reconstrucción. La solución tampoco está en centralizar las acciones en el gobierno nacional, sino en delegar responsabilidades a los gobiernos nacionales y locales. Para ello se requiere diseñar y planificar un sistema nacional que integre políticas públicas, instituciones, normas y mecanismos financieros para abordar la gestión del riesgo de desastres.

Por ejemplo, Argentina, Brasil y Chile tienen sus propios sistemas nacionales de emergencias que coordinan la mitigación de los riesgos y desastres. Todos parten del principio de la delegación de competencias, es decir, los gobiernos subnacionales son quienes se responsabilizan de mitigar sus propios daños. En caso de desastre natural, por ejemplo, la municipalidad afectada pone en práctica su propia respuesta. Dependiendo de la gravedad de desastre y la capacidad de respuesta de la municipalidad, interviene la oficina regional, la federal y, luego, la nacional.

Claro que esto pasa por fortalecer la capacidad de gestión de los gobiernos locales y regionales. Pero la emergencia no avisa. Este gobierno puede y debe generar una reconstrucción con cambio, de la improvisación y temporalidad, a la planificación y prevención.

Sunedu: ¿transgresión a la autonomía universitaria?

Desde que se anunció que el Sr. Idel Vexler asumía el Minedu, se ha vuelto a cuestionar que la Sunedu amenaza la autonomía universitaria. Ante ello, congresistas y gremios de universidades han desempolvado fórmulas para recomponer su Consejo Directivo e incluir en él representantes de determinados sectores o docentes principales de las universidades. Ante ello, surge la pregunta, ¿es la Sunedu una institución diseñada para transgredir la autonomía universitaria?

La autonomía universitaria se define generalmente como la libertad para ejercer las funciones de una universidad, es decir, la investigación, la docencia, la difusión de conocimiento, entre otros, que la diferencian de otras instituciones educativas de educación superior. La Constitución Política aseñala que la universidad es autónoma en su régimen académico, normativo, de gobierno, administrativo y económico, y que se rige por sus propios estatutos en el marco de las leyes. Entonces, si el supuesto es que la Sunedu transgrede la autonomía de las universidades, habría que mostrar las evidencias de que sus gestiones recortan las funciones mencionadas.

De una revisión general de la Ley Universitaria no se observa evidencias que puedan poner en riesgo la autonomía. Así también lo determinó el Tribunal Constitucional en el 2015.  Entonces, ¿por qué los congresistas y autoridades universitarias afirman que se está mellando la autonomía de las universidades?

Se podría decir que la Sunedu transgrede la autonomía universitaria si es que, por ejemplo, le solicitara a una universidad emitir resoluciones rectorales o jefaturales, en lugar de celebrar cualquier acto administrativo para designar sus autoridades. Otro ejemplo sería si la Sunedu le exigiera a la universidad privada contar con determinados criterios para la promover la carrera de sus docentes.

En cambio, supervisar a los programas de estudios o filiales que no cuentan con las debidas autorizaciones de funcionamiento, y su consecuente fiscalización y sanción no constituye una pérdida de la autonomía universitaria. En estos casos, la Sunedu ejerce su deber de verificar el cumplimiento de la normativa vigente, y en caso de incumplirse, las universidades incurren en delitos que deben ser sancionados. Entonces, ¿de qué transgresión a la autonomía universitaria se está hablando?

Es importante que las autoridades universitarias nos precisen si la Sunedu transgrede su autonomía. La Sunedu fue concebida como un órgano técnico e independiente, que reglamente las condiciones de calidad, los criterios de evaluación, así como la supervisión y fiscalización del servicio educativo. Sus decisiones, se asumen, son independientes de las gestiones de turno o de los grupos económicos o políticos que podrían regentar algunas universidades. La Sunedu no le dice a la universidad qué cursos enseñar, ni cómo debe ser su organización interna. A partir de la lectura a las resoluciones del Consejo Directivo, se podría afirmar que la Sunedu busca que la universidad sea consecuente con su propia normativa y con la Ley vigente, tan simple como eso.

Si por ejemplo la Sunedu determinara que una universidad no cumple con las condiciones de calidad, lo haría sobre la base de criterios técnicos, mesurables y objetivos, no bajo prejuicios ni atendiendo a grupos de interés. Sunedu orienta a los futuros estudiantes y padres de familia sobre las condiciones básicas que cumplen las universidades, sus filiales o sedes universitarias, y advierte sobre probables incumplimientos. Supervisa las condiciones de calidad en todo el país, independientemente si las universidades son públicas o privadas, societarias o asociativas. Los juicios de valor de un supervisor no cuentan, solo los estándares exigidos por la entidad y conocidos por todos los actores del sistema.

Por lo tanto, el marco normativo de la Sunedu no da pie a presumir que la institución atente contra la autonomía de las universidades. Tampoco existe evidencia fáctica de que la Sunedu lo haga. Sin embargo, es posible que, en la aplicación de dicha normativa, y más por estilo de gerencia que por mandato, la Sunedu aplique sus normas de modo diferenciado a, por ejemplo, universidades públicas de privadas, societarias de asociativas, no actúe con celeridad, no cumpla con los plazos estipulados a sus propios procedimientos, entre otros principios establecidos en la Ley del Procedimiento Administrativo General.

Si encontráramos un desbalance entre lo que debe ser (el mandato de la Ley y el diseño institucional) y lo que es (cómo se gestiona), entonces nos enfrentaríamos a un sistema regulatorio que tiene fallas urgentes de ser corregidas. De ser esto es cierto, habría que analizar si es un tema de orientación de la gestión más que de concepción de la institución. Es decir, cuáles son los supuestos y objetivos bajo los cuáles la institución opera. No olvidemos que las instituciones están compuestas de personas y son ellas quienes orientan la política institucional.

Hacerlo permitiría repensar en una fórmula para blindar a una institución que ejerza las funciones para las que fue creada, con la menor interferencia posible. Es innegable que se requiere una Sunedu para tener estándares en educación superior similares, al menos, a los de nuestros países vecinos.