Los inicios del Licenciamiento en el Perú

 

Cuando la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu) comienza a operar, allá por el primer trimestre de 2015, la oposición política a la Ley Universitaria era más activa y adversa que la de hoy. Se era consciente que parte de la subsistencia de la institución debía lograrse mostrando resultados. Sin embargo, la velocidad a la que iba la gestión ponía en riesgo su propia consolidación. La puesta en marcha del Licenciamiento de universidades, el procedimiento mediante el cual se otorga autorización de funcionamiento, se convirtió en prioridad en la agenda de la gestión del sector educación.

En agosto de 2015, una nueva gestión en la Dirección de Licenciamiento de la Sunedu se inicia con el encargo de diseñar e implementar el Licenciamiento, a la par de reformular  la estructura interna y convocar a los técnicos para gestionar lo que se venía. Se tenían solo dos meses, tiempo record para diseñar el marco regulatorio.

En dicha oportunidad había tres aspectos a tener en cuenta. Primero, existía un desconocimiento por parte del Estado de la situación de todas las universidades y sus estudiantes: ¿cuantos laboratorios existen?, ¿cuál es el nivel de deserción?, ¿cuál es el número de egresados?, ¿cuántas tesis de pregrado se producen por año?, entre otros. Es decir, no se contaba, ni se cuenta al día de hoy, con información oficial sobre la situación de las universidades. Este componente es gravitante si se quiere diseñar una política. En efecto, el último censo de universidades se llevó a cabo en el 2011, cuando varias universidades de las que conocemos hoy –muchas de ellas públicas– no se habían creado. Por lo tanto, el Licenciamiento debía partir en este contexto: se desconocía los efectos que podría implicar poner una “valla alta” a las universidades y sus estudiantes, ante un posible cierre de las casas de estudios.

Segundo, las políticas públicas no pueden nacer de un escritorio, desconociendo la realidad y sin diálogo. Había la necesidad de generar consensos políticos para implementar la política pública, hacerla viable y consolidarla. Los mensajes claros, directos y transparentes son claves. Además de los equipos técnicos que diseñaron la matriz de indicadores de las condiciones básicas de calidad y el procedimiento, se integró un equipo encargado de diseñar una estrategia política, pues éramos consientes que el escenario para implementar esa misión era difícil: Sunedu tenía en el Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad, lo que podía conllevar a un cierre de la institución. Además, las universidades públicas o privadas tampoco estaban a nuestro favor, ni de la Ley. Como consecuencia, ninguna autoridad universitaria dejó de ser atendida en la institución y se dio atención oportuna a todas las universidades por igual.

Tercero, establecer indicadores objetivos, medibles y básicos. En efecto, el Licenciamiento y la Acreditación dos caras complementarias de la calidad aunque distintas: procedimiento obligatorio vs. voluntario, condiciones básicas vs. mejora continua, insumos vs resultados, habilitación vs distinción. Si el Estado no conocía la situación de todas las universidades, ni el impacto que el cierre de algunas por poner la valla alta podía causar, ¿cómo podía calibrar la exigencia? Las condiciones de calidad ya estaban previstas en la Ley, por lo que a partir de ahí había que construir indicadores objetivos y medibles, en la que la discrecionalidad del “par académico”, “evaluador” o “verificador” se minimizara.  En consecuencia, si los resultados eran conocidos por todos, poca resistencia iba a producirse en el sistema.

Teniendo en cuenta estos tres aspectos, con el apoyo de la Alta Dirección del Minedu y Sunedu, y en paralelo a un mapeo de actores y un estudio de percepciones de la Sunedu, se obtuvo un primer borrador de la matriz de indicadores y del procedimiento. Pero no fue un trabajo de gabinete. El proyecto recibió aportes valiosos del Banco Mundial; expertos de los ministerios de educación de Ecuador y Colombia; expertos españoles, chilenos, mejicanos y peruanos. Previa aprobación del Consejo Directivo, validamos y ajustamos la propuesta con el Consejo Nacional de Educación, el Sineace, 33 universidades (públicas y privadas), entre otros. Así se buscó consenso a nivel interno y externos, aprendiendo de los desafíos y limitaciones de sistemas educativos similares y de la realidad de las universidades peruanas contada por sus propios gestores.

El Modelo de Licenciamiento es aprobado por el Consejo Directivo de la Sunedu el 24 de Noviembre de 2015, luego de ajustes a algunos indicadores, conceptos, el cronograma de presentación de las 130 universidades al proceso y la elaboración de los respectivos Reglamentos. En paralelo se elaboraban los formatos y manuales, los mismos que estuvieron listos en la primera quincena de enero de 2016. El primer evento de socialización se realizó el 14 de diciembre de 2015 y en enero de 2016 se inician las capacitaciones a nivel nacional. A junio de 2016, se capacita a aproximadamente 1200 autoridades y personal de las universidades. El resto es conocido.

El esfuerzo que se desplegó desde la Alta Dirección del Ministerio de Educación, la Sunedu y sus técnicos en transparentar la información, capacitando, dialogando y consensuando para una mejor implementación, originó confianza en el sistema universitario. Repuestas claras, oportunas y rápidas. Respeto por la autoridad universitaria y los estudiantes. Buscar el apoyo de las empresas privadas y los organismos internacionales. Se marcó un hito. Era la primera vez que el Estado se acercaba no solo a la universidad pública, sino también a la privada, estableciendo condiciones de calidad para su funcionamiento.

Entre setiembre del 2015 y diciembre 2016,  Sunedu ganó legitimidad y cambió un discurso de coercitivo a uno positivo-constructivo, de mejora de condiciones básicas calidad. El relacionamiento con las universidades permitió, en los primeros meses, reducir la confrontación y viabilizar el diálogo con las autoridades para legitimar el proceso. Eso es política, y es pública porque busca el bien común. Así como no se puede legislar sin conocer la realidad o ignorando el contexto, tampoco se puede diseñar y/o implementar una política pública sin evaluar sus potenciales costos y beneficios, los actores políticos y los riesgos.

Consolidar la institucionalidad del Licenciamiento es una obligación, no solo porque está escrito en la Ley. Existe una responsabilidad ya asumida por el Estado con los estudiantes universitarios, la universidad pública, los docentes, la comunidad científica, etc. Tres años después de la promulgación de la Ley Universitaria, la Sunedu debe estar diseñando la línea de base sobre la información que se encuentren en los expedientes, a fin de evaluar el impacto de la implementación de la Ley en lo que respecta al cumplimiento de las condiciones básicas de calidad; o proponiendo guías metodológicas que orienten a las universidades en el diseño de sus líneas de investigación o procedimientos de evaluación docente. Escuchar a la comunidad universitaria, sin miedo  y generar una dinámica por el bien del sistema logrará la consolidación por la que muchos desde el Minedu, la Sunedu, el Congreso, etc. hemos trabajado.

 

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